El procurador propone cambios a ley de contratación

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, propuso adicionar varios artículos al proyecto 305 que pretende modificar la Ley de Contrataciones Públicas.

El procurador pide que se incapacite para contratar el Estado, no sólo a las personas que en los cinco años anteriores hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos por un tribunal panameño, sino también a los que lo hayan sido por un tribunal internacional.

Mediante una misiva con fecha de 21 de marzo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, el procurador dijo que la ley presenta algunos vacíos que no han podido ser superados y que requieren ser adecuados a convenciones internacionales contra la corrupción.

Propone la modificación de dos artículos, los cuales modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, como una oportunidad para contribuir en evitar las malas prácticas y la corrupción en los contratos públicos.

AUDITORÍAS A OBRAS

Previamente, González envió una nota al contralor general de la República, Federico Humbert, en la que pidió que se le practiquen auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en Panamá, en base a la reciente condena a s a exdirectivos de la empresa.

La Procuraduría de la Administración solicitó que se consideren las peticiones realizadas por distintos sectores que reclaman conocer detalles en relación con posibles sobrecostos que puedan derivarse de las obras ya ejecutadas y las que están en en plena ejecución.

‘Esas peticiones se enmarcan dentro de los principios de transparencia y combate a la corrupción que recoge la Ley 42 del 1 de julio de 1998, a través de la cual nuestro país aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción y así como los que se establecen en la Ley 15 de 10 de mayo de 2005, para la que se adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción', destaca la misiva.

Mientras en la Asamblea culminó el período de consultas al proyecto de ley.

El diputado Miguel Salas, presidente de la Comisión de Economía, informó que se contó con la participación de representantes de veinte rganismos de sectores públicos, privados y de la sociedad civil, quienes expusieron sus modificaciones para el enriquecimiento de la ley.

Salas dijo que el proyecto ha sido consensuado en un 75%, gracias a los aportes ofrecidos por los diferentes gremios, asociaciones e instituciones.

Se espera que después de la Semana Santa se inicie el primer debate.