Proponen impedir que empresas corruptas liciten con el Estado

Diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, tanto del oficialismo como de la oposición e independientes, presentaron en consenso una modificación al proyecto número 10, que busca ajustar la Ley 22 de contrataciones públicas, para impedir que empresas o personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública liciten con el Estado.

Esta comisión inició ayer la presentación de propuestas de modificación a este proyecto de ley, que es analizado por bloques en primer debate.

El diputado independiente Gabriel Silva indicó que ya hay propuestas en temas de transparencia que han sido consensuadas, como lo es la incapacidad legal para contratar en el caso de empresas que han sido sentenciadas en el extranjero por temas de corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos.

También estarían incapacitadas para contratar aquellas empresas con acuerdos de delación, siempre y cuando estos acuerdos se hayan realizado dentro de un plazo de cinco años antes la convocatoria pública.

“Estas propuestas no han sido votadas, pero son dos avances importantes en temas de transparencia si se logran aprobar. Vamos a ver qué pasa, aún falta que se voten estos artículos y después falta el segundo debate en el pleno. Esperemos que no cambie, porque son artículos que por lo menos yo siento que son importantes”, aseguró Silva.

También se presentó una propuesta para la utilización de un manual guía de entrenamiento anticorrupción a funcionarios públicos y también anexos a contratos en temas de ética e integridad.

Revisarán propuestas

Al respecto, el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, quien estaba presente en la sesión de esta instancia legislativa, señaló que se acababa de enterar de estas propuestas de los diputados, y afirmó que tendrán que ser analizadas y que, obviamente, todo tiene que ser apegado a la ley.

Fuentes señaló que todas las propuestas son bien presentadas por los diputados y bien recibidas por el Ejecutivo, pero precisó que se tendrá que entrar a hablar del estos temas para ver cual será la decisión final.

Fuentes se refirió a parte del objetivo del proyecto impulsado por el Ejecutivo, como promover la economía nacional en diferentes estratos de empresas, no solamente en grandes compañías, sino también que las empresas locales y las micro y pequeñas empresas puedan verse beneficiadas con las compras con el Estado.

A la sesión acudieron representantes de empresas y organizaciones a presentar sus propuestas.

En tal sentido, Carmen Da Silva, gerente de la empresa Fedefarma sugirió que el rubro de adquisición de medicamentos y otros insumos para la salud humana, sea regulado bajo parámetros totalmente distintos e independiente de otros procesos de compra.

Mientras que José Manuel Sevillano, de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas, recomendó que se incluyera un término para emitir una resolución de adjudicación una vez que se termina el procedimiento de compra menor, de licitación pública o licitación por mejor valor. “Nosotros proponemos cinco días hábiles para que no se preste para un funcionario mantenga engavetados los trámites”.