Ejecutivo y Legislativo, en deuda con leyes anticorrupción

La Asamblea Nacional instala este sábado 2 de enero la segunda legislatura de este segundo periodo ordinario de sesiones, con una lista de iniciativas pendientes de discusión y aprobación y otras que deberán ser presentadas por el Legislativo o por el Órgano Ejecutivo para impulsar la reactivación económica del país postpandemia.

El Legislativo y el propio Órgano Ejecutivo además, según fuentes legislativas, y transcurrido ya un año y medio de gestión, están en deuda en la discusión de proyectos de ley anticorrupción.

De igual manera, aún se mantiene engavetado, en espera de segundo y tercer debate, el proyecto de ley que busca reformar el Reglamento Interno de la Asamblea, a pesar de la promesa del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, en su discurso de toma de posesión del 1 de julio de 2019, de impulsar reformas a este documento.

Para el politólogo Richard Morales, la tarea urgente del Ejecutivo y el Legislativo, a partir de esta nueva legislatura, es un plan de emergencia, que adecúe el uso de los recursos públicos y privados a favor de garantizar la vida de la población y el futuro de la sociedad.

Con esto, dijo, se asegurarían los medios de subsistencia a la población desamparada, regulando los mercados y redistribuyendo riquezas.

Manifestó además que se debe mejorar la capacidad del Estado para recolectar información social y económica, priorizar inversiones productivas que dinamicen la economía, reformar la salud para ampliar la cobertura y calidad, y eliminar los privilegios de la burocracia.

Morales también sugirió una reforma fiscal progresiva, apoyo a la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología y la adecuación del transporte público a la pandemia.

“Se deben aplicar una serie de medidas que permitan adecuar el Estado y la economía a la realidad del país, acabando con la improvisación que beneficia a unos cuantos intereses, para empezar a planificar en beneficio de las grandes mayorías”, sostuvo Morales.

En tanto, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez indicó que tanto el presidente de la Asamblea como el presidente Cortizo les siguen mintiendo al país con las leyes anticorrupción.

“Hubo un compromiso del presidente Cortizo. ¿Cuál es la razón? Quisiera una para no poder presentar leyes así”, dijo.

En el plan estratégico de gobierno publicado en la Gaceta Oficial 28931-B del 30 de diciembre de 2019, el mandatario se comprometió a reformar leyes, crear códigos, capacitar y castigar a los corruptos.

En este documento el mandatario se comprometió a revisar la normativa sobre contrataciones públicas, declaración de bienes y delitos contra la administración, entre otras, para fiscalizar y detectar enriquecimientos injustificados y conflictos de interés.

Aunque fue modificada la ley de contrataciones públicas, sectores políticos y de la sociedad civil cuestionan que se hayan dejado las puertas abiertas para que empresas confesas de haber cometido actos de corrupción sigan licitando con el Estado.

Vásquez subrayó que para esta legislatura se deben tratar las leyes para acabar con las licencias con sueldo a alcaldes y representantes, una propuesta que, dijo, está “durmiendo el sueño eterno”.

De igual manera, precisó que se deben analizar las propuestas de ley ya existentes para la reactivación del turismo. “Estas iniciativas no las han querido discutir”.

“El Ejecutivo debe impulsar la economía, la optimización del gasto público y las leyes anticorrupción”, precisó.