Panamá y Asamblea Nacional, en mora con aprobación de ley de extinción de dominio

Panamá, en comparación con varios países de Latinoamérica, se encuentra rezagado en cuanto a la aprobación de una norma que adopte la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.

Aunque en 2016 la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para crear esta figura legal, este ni siquiera llegó a ser aprobado en primer debate. Aunque se propuso “ampliar las consultas” del anteproyecto, nunca más se retomó la discusión de esta iniciativa legislativa.

Esta vez, cinco años después de ese primer intento, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) trae nuevamente a la palestra este tema con el proyecto de ley 625 presentado a la Asamblea el pasado 28 de abril, por el ministro de seguridad, Juan Manuel Pino.

Es un proyecto elaborado en una mesa técnica a través del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El objetivo es el mismo: Establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.

¿Pero en qué consiste la norma de la extinción de dominio de bienes ilícitos?

Para el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, es un instrumento o una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas, consistentes en la pérdida a favor del Estado, de los instrumentos, dinero, bienes de origen o destinación ilícita, o especies relacionadas al crimen organizado.

“Con la extinción de domino lo que se busca es debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales, minimizar su capacidad de expansión, debilitar la capacidad de reclutamiento que tienen las organizaciones criminales, de tal forma que el Estado, al hacerse de estos bienes, pueda utilizarlos en el desarrollo de obras de interés social y programas de prevención”, indicó.

El documento ya está en la Asamblea Nacional y se encuentra en espera de su discusión en primer debate. Será una ley de interés de orden público y de interés social, ya que el Estado se va a beneficiar de ese dinero y va a poder invertirlo en la sociedad panameña, y resarcir el daño causado por la actividad criminal.

El proyecto, explicó Riggs, consta de 10 capítulos y 94 artículos que reúnen todo lo que es el procedimiento, las actuaciones, las garantías procesales que permitirán a un fiscal de extinción de dominio, señalar los hechos que acrediten que los bienes que tiene una persona no gozan de legitimidad ni de protección constitucional porque son producto del crimen organizado o han sido destinados para el financiamiento de actividades ilícitas.

Riggs detalló que la extinción de dominio es una ley que en la región ya se está desarrollando en más de 10 países, entres estos: Colombia, México, Argentina, Ecuador, El Salvador y Honduras. Con esta ley, asegura, se han obtenido las mejores experiencias.

En tal sentido, manifestó que se desarrolló una mesa técnica con la asesoría de la Oficina de INL de la Embajada de Estados Unidos, quienes le permitieron conocer a Panamá la realidad de estos países, en donde esos Estados han sido beneficiados con los recursos para el desarrollo de obras de interés social.

El funcionario aclaró que en Panamá no existe una ley parecida a la aplicada en otros países en cuanto a la extinción de dominio, y lo que hay en la actualidad es el comiso penal y la Dirección de Bienes Aprehendidos, que va relacionado con el proceso penal como tal.

En este caso, dijo, el proceso penal va dirigido contra una persona, pero en la ley de extinción de dominio el proceso va dirigido contra los bienes, independientemente del proceso penal.

En la extinción de dominio se establece un procedimiento especial para todos aquellos bienes de origen o destinación ilícita. Es decir, independientemente si la persona es responsable o no de un hecho criminal, si no tiene cómo justificar los bienes de los cuales simula ser el tenedor de la propiedad o de su tenencia de maneras lícita, el Estado, a través de este procedimiento se hará de esos bienes para el desarrollo de obras de interés social, independiente del proceso penal en curso.

“La persona lo que va a tener que acreditar es la tenencia legal, demostrar que el bien al cual simula ser el poseedor de las acciones o de la propiedad, fue obtenido de manera legal y no de manera ilícita”, sostuvo Riggs.

Bajo este marco jurídico especial, indicó Riggs, se respetará el derecho a propiedad de toda persona que pueda demostrar que es dueña de un bien de manera legal. Y lo podrá hacer demostrando su factura, los recibos, una herencia que haya sido legal y que sea de reconocimiento público o que fue obtenido a través de su trabajo con el salario que recibe por su trabajo.

“Aquel que no pueda acreditar que el bien fue obtenido de manera legal, tendrá que enfrentar el proceso de extinción de dominio”, advirtió.

Para validar que un procesado es dueño de un bien de manera legal, este tendrá dos instancias para demostrarlo. La primera, a través de un juez de garantías que va a respetar el debido proceso y un tribunal superior en segunda instancia, donde podrá hacer ver que no fueron reconocidas las pruebas que demostraban la legalidad en la obtención de los bienes.

Riggs agregó que lo que busca la extinción de dominio es que haya la intervención de manera oportuna del investigador criminal, que va a tener que evaluar las pruebas que presente la persona en función a la legalidad en la obtención de los bienes.

Se trata, indicó, de algo diferente a lo que en la práctica ocurre en la actualidad con la Dirección de Bienes Aprehendidos que ve el tema del comiso penal, donde hay procesos que tienen más de 10 años y no se logra tomar una decisión oportuna, y muchos de estos bienes se devalúan, se desmejoran, se dañan, y hay un manejo bastante complicado en cuanto a la administración.

Agregó que aunque no se ha estimado cuánto dinero pudiera obtener el Estado panameño con la aplicación de una ley de extinción de dominio, Riggs afirmó que Colombia, por ejemplo, ha sido beneficiada con la incautación de más de $4 mil millones producto de la actividad ilícita a través de la ley de extinción de dominio.

“Esto, a todas luces, es una muestra de la efectividad en cuanto al combate contra la criminalidad organizada”, precisó.

Para Riggs, la ventaja del proyecto presentado por el Minseg, a diferencia del presentado en 2016 en la Asamblea Nacional, es que esta vez hay voluntad política por parte del Órgano Ejecutivo, que a través del ministro de Seguridad Pública impulsa esta iniciativa.

No obstante, el documento que fue presentado en abril pasado, aún está pendiente de discusión.

“Es un tema que se presenta en medio de una crisis sanitaria y en medio de otras situaciones sociales que de una u otra manera han generado la expectativa de su discusión”, señaló Riggs.

Destacó que han estado en contacto permanente con la Asamblea para que le den un espacio en la agenda a este proyecto. “Esperamos que sea en los próximos días. Se han hecho las peticiones formales, estamos buscando el espacio político oportuno para que sea introducido en un primer debate”, sostuvo Riggs.

En estos momentos, la comisión de Gobierno de la Asamblea, donde debe ser discutida esta iniciativa en primer debate, se encuentra en sesión permanente hasta aprobar el proyecto de reformas electorales, por lo que el proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos deberá esperar aún más para ser incluido en agenda.