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26 de Ene de 2022

Publicando Historia

'Asumo la responsabilidad que me incumbe': Enrique A. Jiménez (1947)

Nota del editor: El 10 de diciembre de 1947, hace 74 años, se firmó el convenio sobre sitios de defensa entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Francisco Filós, y el embajador de Estados Unidos, general Frank T. Hines. A pocos días de la votación en la Asamblea Nacional del llamado “Convenio de Bases”, en medio de un creciente rechazo que se expresaba en manifestaciones populares diarias, el presidente de la República, Enrique A. Jiménez, hace un alegato en favor del acuerdo. A las 7:30 de la noche del 18 de diciembre de 1947 se dirigió al país a través de una cadena de emisoras de radio. Cuatro días más tarde, el convenio fue rechazado en forma unánime por la Asamblea Nacional.

'Asumo la responsabilidad que me incumbe': Enrique A. Jiménez (1947)
'Asumo la responsabilidad que me incumbe': Enrique A. Jiménez (1947)

Conciudadanos

Con motivo del estudio y consideración por parte de la Asamblea Nacional del nuevo convenio sobre las bases de defensa, la República vive hoy un momento decisivo y trascendental de su historia. Por eso, yo he querido ponerme en contacto con el pueblo panameño para exponerle, sin eufemismos, con toda lealtad y franqueza, cuáles son el pensamiento y los propósitos que me indujeron a autorizar como jefe del Estado, la firma del referido convenio.

Precisa ante todo dejar constancia que el Órgano Ejecutivo nada ha hecho a lo largo de las negociaciones del convenio, que revele que ha procedido con precipitud, en forma irreflexiva, con olvido de los altos intereses vitales de la patria. Nadie, pienso yo, tendrá la osadía de negar que en las discusiones de este documento pusimos nuestros mejores empeños por hacer que prevalecieran nuestro criterio, nuestro punto de vista y nuestras conveniencias nacionales.

Por un año y medio representantes de Estados Unidos de América y Panamá han estado buscando afanosamente el acuerdo final que armonizase los intereses de ambos países y que, a la par, fuese fórmula de acción que contemplase satisfactoriamente, bajo todos sus aspectos, la seguridad y defensa del Canal de Panamá, la seguridad y defensa de la República y la seguridad y defensa del mismo continente americano.

Panamá, por su propio instinto de conservación y por lo imperativo de las relaciones contractuales con Estados Unidos de América, está obligada a cooperar a efecto de que el Canal de Panamá sea invulnerable a todo ataque, ya sea este sorpresivo o de cualquier otra naturaleza. Este deber nuestro surge también del tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratado suscrito recientemente en Río de Janeiro por todas las naciones de América y que tiende a concretar en forma irrevocable los ideales de solidaridad continental.

Al someter a la consideración de la honorable Asamblea Nacional el convenio, lo he hecho asumiendo plenamente la responsabilidad que me incumbe. Y yo, de la manera más sincera, recomiendo su ratificación. Considero que en los momentos de incertidumbre, preñados de amenazas, que vive hoy el mundo, Panamá cumple con su deber al prestar así a Estados Unidos su cooperación decidida, su concurso inequívoco a efecto de asegurar la continua y efectiva protección del Canal de Panamá.

El convenio que acaba de suscribirse y que mi gobierno hizo conocer de los honorables diputados hace dos meses largos en la forma exacta como acaba de someterse a la Cámara, puede analizarse, fácilmente, como me propongo hacerlo, seguro de que los más de sus opositores ni siquiera se han tomado el trabajo de leerlo, porque les basta con conocer los títulos de determinada prensa, que no analiza los males que puede causarle al país en su afán de sensacionalismo.

Según el convenio, y de manera expresa, Panamá retiene su soberanía sobre las áreas usadas como sitios de defensa y sobre los espacios aéreos correspondientes a los mismos, así como la jurisdicción en asuntos civiles y criminales en tales áreas.

De los 15 artículos de que consta el convenio, a más del preámbulo, en cuatro de ellos se determina el estado transitorio y temporal de la ocupación de las bases, en forma tan precisa, que no da margen, ni a los más suspicaces, para pregonar que se pretende establecer “zonitas” con carácter permanente. Las bases que señala el convenio son 13, de las 130 que venían siendo ocupadas anteriormente. La casi totalidad de ellas sirven como estaciones de observación y los puntos donde están ubicadas son los siguientes: Taboga, San José, Taboguilla, Salud, Isla del Rey, Jaqué, Pocrí, Punta Mala, San Blas, Isla Grande, Victoria, Las Margaritas y Río Hato.

En salvaguarda de la plena soberanía de Panamá sobre las áreas que se destinan para sitios de defensa, el Gobierno de Panamá insistió tenazmente, y logró conseguirlo, que se determinara que una comisión conjunta, compuesta por el ministro de Gobierno y Justicia de la República de Panamá y el comandante local de las Fuerzas armadas de Estados Unidos de América, se consultarían con respecto a todos los asuntos relativos al uso de los sitios, con la salvedad de los asuntos de índole militar. Las funciones de esta comisión, las cuales se determinan en varios artículos del convenio, podrían parecer utópicas a los ojos de los pesimistas, pero yo abrigo la firme creencia de que es el primer paso en lo que puede ser el ideal futuro de todo buen panameño, o sea, que mediante la expropiación de los terrenos de Río Hato por parte del Estado, este sitio, caso de ser indispensable para nuestra defensa, lo sea de carácter permanente, como una base nacional, atendida por nuestros propios hombres, bajo la vigilancia técnica y económica de Estados Unidos, tal como se practica en naciones hermanas del sur que contribuyen a la defensa del continente americano.

Durante las negociaciones, y a pesar de que se decía que ellas se llevaban a cabo a puertas cerradas, en todo tiempo se fue dando a conocer, gradualmente, el curso de estas. En más de una ocasión se nos acusó de ceder nuevas y mayores extensiones de terrenos, afirmaciones que resultaron del todo antojadizas y que se desvanecieron por sí solas.

Debo declarar que las negociaciones se llevaron siempre dentro del mutuo respeto, como toca a dos naciones que persiguen un mismo fin que consagra nuestra Constitución Nacional: evitar que se destruya la forma democrática en los gobiernos.

Porque debemos decirlo sin ambages, la lucha por el predominio de las ideologías es inminente. El comunismo se enfrenta a la democracia. Por eso con la misma decisión con que hoy he apoyado el convenio sobre sitios de defensa en la República, me he opuesto a que Panamá establezca relaciones con la Unión Soviética, relaciones que pueblos decididos y valerosos de las hermanas naciones del sur, han sabido desarraigar de sus territorios, para su propia tranquilidad y bienestar.

Estados Unidos no desea seguir ocupando la base de Río Hato por un prurito de imposición o de imperialismo como pregonan los demagogos. Ha solicitado un término de 10 años prorrogables por 10 años más, pero, al mismo tiempo, en el artículo octavo del convenio se compromete a abandonar los sitios antes de la fecha fijada, si a juicio de los dos gobiernos hubieran cesado las causas o circunstancias que han determinado el mantenimiento de tales sitios, condición esta última que pasan inadvertida los impugnadores del convenio.

Si las discusiones relacionadas con el convenio, las hubiésemos vinculado a compensaciones, se nos habría tachado de mercaderes, que cedíamos a base de lo que nos dieran. Pero no obstante que nos cuidamos de no establecer tal vinculación, cosa por la cual también se nos pretende censurar, no descuidamos un solo momento las aspiraciones a que Panamá tiene derecho, y con tal fin y de manera informal, se cruzaron varios memorandos que constituyen algunas de esas aspiraciones que pueden concretarse así: Carretera de concreto de Río Hato hasta la frontera de Costa Rica, devolución gratuita a Panamá de Punta Paitilla y otras áreas en Taboga, reafirmación de cumplimiento efectivo de los compromisos relativos a la igualdad de trato y oportunidades para los panameños en la Zona del Canal, prohibiciones con respecto a fabricación e importación de bebidas alcohólicas en la Zona, seguridad del mercado de la Zona para los productos panameños, y determinadas prohibiciones y limitaciones para la venta de mercancías en la Zona.

El Órgano Ejecutivo tiene fe absoluta, de conformidad con nota de fecha 12 de diciembre de 1947, firmada por el señor embajador de Estados Unidos, de que muy pronto –antes de terminar el presente mes de diciembre– habrán de iniciarse las conversaciones formales propuestas por Panamá, ya que el Gobierno de Estados Unidos está en completo acuerdo y listo a iniciarlas, teniendo en cuenta los beneficios que de todo orden debe traer a la República el Canal de Panamá, tal como lo estipula el tratado general de 1936.

Yo lamento profundamente, como el que más, los acontecimientos que se verificaron el viernes de la semana pasada y que mantienen hospitalizados a un estimable joven estudiante y a varios miembros del pundonoroso y abnegado Cuerpo de Policía Nacional, hijos todos del pueblo de Panamá, de ese pueblo que sabe, porque conoce mis desvelos por la clase trabajadora, que siempre he sabido defender sus intereses sin aspavientos y sin gestos demagógicos. Fervoroso defensor de la democracia, no necesito aparentar una fobia antiamericana, porque mi pasado y mi presente no lo requieren. También los estudiantes deben tener presente que mi administración, que tanto ha hecho por la educación pública, no descuida los intereses patrios que le han sido encomendados por más que algunos de sus conductores traten de falsearles la verdad.

Conciudadanos: Una decisión de enorme trascendencia para el país, está en manos de la honorable Asamblea Nacional. No habré de presionar en uno u otro sentido, porque por temperamento y porque así lo he demostrado durante todo mi periodo de mando, jamás he tratado de imponer mi modo de pensar y mucho menos mi voluntad. Seguro estoy de que cada honorable diputado asumirá patrióticamente, con sentido de responsabilidad y con valor civil, lo que a cada uno le concierne, al decidir con su voto, de una u otra manera, la suerte del convenio, que puede sintetizar el porvenir de la República.

Es de esperar que en las deliberaciones prevalezca la cordura y se imponga la verdadera democracia, que es libre expresión del pensamiento y respeto por el modo de pensar ajeno.

Repito que yo asumo, en este convenio, la responsabilidad que me incumbe ante la historia.

Ojalá la honorable Asamblea proceda, sin dilaciones innecesarias, a la solución que estime más conveniente, con la seguridad de que así volverá la calma que tanto necesita el país.

Y, para terminar, espero confiado en que el tiempo, que todo lo esclarece, habrá de demostrar quiénes luchamos sin intereses mezquinos por el bienestar de la nación, y quiénes no acertaron a comprender que se puede negociar con el poderoso, con la dignidad y el orgullo del débil, cuando se tiene siempre presente la imagen sagrada de la patria.