‘Legítima defensa’ se extendería a lugar de trabajo y vehículo personal

Legítima defensa. De acuerdo al Código Penal, una persona que actué en legítima defensa de su persona, sus derechos, los de un tercero o sus bienes no comete ningún delito. Esto tiene condicionantes, pero un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca ampliar la definición.

Se trata del anteproyecto de Ley 290, presentado el jueves 30 de octubre por el diputado chiricano por la libre postulación, Carlos Saldaña.

El artículo 32 del Código Penal enumera tres condiciones para que se considere la “legítima defensa”. La primera es la existencia de una agresión injusta, actual o inminente; la segunda la utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión; y la tercera es la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido.

Por último, añade que “se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que, sin su consentimiento, ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación”.

Es precisamente este último punto el que busca modificar el anteproyecto de Ley. De aprobarse la iniciativa, se extendería el derecho a la legítima defensa para incluir la defensa del lugar de trabajo o vehículo personal.

”La modificación que introducimos mantiene los parámetros que deben configurarse para que se pueda acreditar la legítima defensa, así como también la presunción de ésta, de manera que se respetan los límites que permiten distinguir entre la defensa legítima y el abuso, evitando así la impunidad. No obstante, incluir el vehículo y el lugar de trabajo fortalece el Estado de Derecho, ya que protege a los ciudadanos y refuerza la confianza en las instituciones”, detalla la exposición de motivos del documento. “De igual manera, envía un mensaje contundente a la sociedad: la ley está del lado de quien actúa con justicia, no del agresor”, concluye.

Países como Colombia, Chile y Perú han adoptado medidas similares como respuesta a los delitos perpetrados dentro de los vehículos de los ciudadanos.

“Es por ello que legislar sobre este tema no es un capricho, ni una concesión, es en realidad una necesidad humana y social donde todos merecemos sentirnos protegidos en los lugares donde vivimos, trabajamos o transitamos. La ley debe ser un escudo para los inocentes, no una carga para quien solo quiso sobrevivir”, resalta el anteproyecto de Ley.

En lo que va del año se han registrado 438 homicidios en el país, de acuerdo a cifras del Ministerio Público. El 42% fueron cometidos en la provincia de Panamá, 18% en el distrito de San Miguelito, y 21% en la provincia de Colón.

Un total de 392 de estos homicidios fueron con arma de fuego y 30 de ellos con arma blanca.

Además, se han reportado 471 casos de robo en los primeros nueve meses del año, de los cuáles 273 fueron calificados como robo agravado.

Las cifras de delitos sexuales también son alarmantes. Se registraron 4.346 casos de violación y otros delitos sexuales. Específicamente, 1.721 fueron casos de violación, 211 de violación doblemente agravada y 1.604 fueron acceso sexual con un menor entre 14 y 17 años.

Ante esta realidad, muchos ciudadanos han escogido armarse.

De acuerdo a un informe de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad (Minseg), en 2024 se emitieron un total de 2.456 certificados de tenencia de armas, 1.926 licencias de porte de armas y se entregaron 2.901 armas de fuego.

Los permisos otorgados incluyeron solicitudes relacionadas con renovación, traspaso, inclusión, adquisición de armas nuevas y muestras, tanto de personas naturales como entidades estatales y diplomáticas.

Pequeños comerciantes consultados por La Estrella de Panamá dentro de la comunidad china compartieron que han conseguido permisos para portar armas como un medio de defender sus negocios de criminales.

Los requisitos para tener una licencia de porte de arma de fuego en Panamá son entre otros tener 21 años o más, presentar una certificación psicológica que confirme que el solicitante goza de estabilidad mental y emocional, certificado de laboratorio que compruebe que no ha consumido drogas prohibidas, certificado de la Diasp de que pasó el examen de polígono, y un certificado de antecedentes penales.