¡Constituyente ahora!

La República de Panamá como Estado Nacional soberano e independiente ha tenido cuatro (4) Constituciones Políticas y, todas sin excepción, ha sido producto de actos extra constitucionales. La primera (1904) es el resultado de la independencia de 1903, mediatizada por el expansionismo estadounidense (Artículo 136) y tuvo una duración de 37 años. La segunda, es creación del régimen nacionalista/autoritario de 1941, de efímera duración (escasos meses). La tercera, es la Norma Superior de 1946 que se prolongó en la vida nacional por 26 años, originada por una asamblea nacional constituyente. Y, la cuarta, la Constitución de 1972, es fruto del golpe militar de 1968, transformada en colcha de retazos por los “Actos Reformatorios, Constitucionales o Legislativos” como los efectuados en 1978, 1983, 1993 y 1994, y 2004” (La Estrella, A. Saldaña, 2019), y hoy también, en un “matusalénico” engendro constitucional que sobre vive por 48 años, en gran medida, gracias al “excesivo presidencialismo” de los regímenes de la oligarquía neoliberal que se han sucedido, luego de la cruenta, salvaje y genocida invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989.

Sin embargo, nuestro ejemplo a seguir no debe ser el chileno, que primero tuvo que pasar por una revuelta social cuyas dimensiones casi socaban los cimientos de aquella República hermana. Por el contrario, debe ser el resultado del diálogo sosegado de todos los sectores de la sociedad panameña, no únicamente de las entelequias políticas (partidos políticos) como pretende llevar a cabo el “buen gobierno”, con el eufemismo de “Diálogo del Centenario”. Sencillamente, porque las entelequias políticas convocadas por el mandatario del País, no representan los intereses legítimos de la Nación y mucho menos gozan de la confianza ciudadana. Por otro lado, existe una real desconfianza del pueblo panameño, en virtud del “mareo” del gobierno, luego de desechar su promesa electoral de convocar a una Constituyente. Sumado a lo anterior, está el agravamiento de la crisis socioeconómica, en virtud de la pandemia de la COVID-19, donde se han revelado, entre otros síntomas graves, el nepotismo y el cohecho por parte de la “bancocracia” en el Poder.

En mi opinión, el diálogo que debe denominarse por la salvación nacional y no pude prolongarse por más de seis meses, y uno de sus resultados principales tendría que ser la convocatoria a un referéndum nacional para establecer la voluntad soberana del constituyente originario (pueblo panameño), sí quiere o no quiere, que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar nuestra nueva Carta Magna. “Una nueva Constitución que sustituya la decrépita y agonizante Constitución autoritaria de 1972. En otras palabras, sí la Constitución de 1904 -al decir del constitucionalista José Dolores Moscote- “nació muerta”, la “Constitución militarista/oligárquica actual, es un híbrido jurídico en estado comatoso.

En consecuencia, no hay razón política, económica o social para que la Constitución de 1972 siga vigente, salvo la que acredita un “excesivo presidencialismo”, la creación de un cuasi cuarto poder (Tribunal Electoral) y la existencia de “una República” (Autoridad del Canal de Panamá) dentro de otra República. Todas estas instituciones hechas “a imagen y semejanza” y al servicio de un sector de la sociedad panameña: La plutocracia”. (Ibíd.) ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.