A propósito del Día de los Difuntos

Desde que yo me acuerdo, el 2 de noviembre la sociedad panameña le dedica este día a la memoria colectiva de los difuntos.

Es por ello que a nivel de Estado, por ejemplo, las más altas autoridades de los tres poderes rinden tributo, particularmente, a los fundadores de nuestra República, mientras que el resto de la población acude a los diversos campos santos para hacer lo propio, al tiempo que la Iglesia Católica (desconozco si otras denominaciones también lo hacen este día) asume, como siempre, su función de guía espiritual en el proceso de reflexión que se impone.

Para mí este 2 de noviembre tiene una particular connotación, porque por primera vez tendré que recordar a un ser muy querido que tanto marcó mi vida y que este año simplemente se nos adelantó en el camino inexorable.

Pero en fin, la procesión va por dentro y en virtud de la formación recibida no me queda más que los agradables recuerdos y la resignación cristiana.

Pero en el plano político, la fecha de hoy también me hace reflexionar.

Y espero que por lo que aquí escribo, en esta parte, no vaya a ser mal interpretado.

Me refiero a la noticia dada a conocer por el diario La Prensa en cuanto a la muerte del miembro de la Guardia Nacional, Andrés García.

Y es que cuando vi y escuché las entrevistas que le hiciera, en TVN, Lucy Molinar a la viuda y a la hermana de García, lo que me vino a la mente no fue precisamente el debate político de si el señor Delgado Diamante es o no responsable por lo ocurrido, porque eso, al final, será una discusión política y tal vez jurídica (si las instancias se atreven a hacer algo).

Reflexioné y sigo reflexionando sobre esa etapa más oscura de la historia de nuestro país durante 21 años. Y es que cuando quito de la reflexión las consideraciones políticas pienso en la cantidad de familias que producto de la indefensión, las amenazas y el régimen de terror (característico de esos regímenes) simplemente callaron ante los abusos y atropellos a los derechos humanos que llegaron hasta la desaparición y muerte de varios panameños (as).

Me refiero, entonces, no a la crítica política hacia la dictadura, sino más bien a que como sociedad reconozcamos, de una vez por todas, que es inaceptable, cualquiera sea el régimen, que aceptemos como cosas del pasado o como parte de la coyuntura del momento que sea casi normal que hayan muertos y desaparecidos, porque estamos hablando de vidas humanas; no de cierre de medios o de carcelazos, o de violentar la Constitución, sino, repito, de vidas humanas.

Pero, ¿por qué estamos pasando por esta especie de trauma? Políticamente no podremos pasar la página o cerrar las heridas de los 21 años de dictadura, mientras a las víctimas de la época no se les haga justicia.

Y, ¿cuál será la justicia? Tal vez, más que ubicar y castigar a los victimarios podría ser, por lo menos, el reconocimiento por parte del Estado de que hubo vidas humanas perdidas a manos de quienes detentaban el poder político durante ese período.

Para mí, el pecado de que por lo menos no haya ese reconocimiento es tan grande y tan grave como no poder saber, a ciencia cierta, cuántos fueron los muertos de la invasión de 1989.

Porque aunque ambos hechos tienen una connotación diferente, en ambos estamos hablando de vidas humanas con la dignidad y el respeto que se merecen.