Los mártires de la protesta

Lo que se inició el 23 de abril de este año como una presión para derogar la Ley 462, sobre el sistema de la Caja de Seguro Social, se ha convertido en una prolongada paralización del sistema educativo nacional. Es conveniente aclarar que dicha ley no afecta en absoluto el régimen de jubilación de los docentes, pese a lo cual los gremios han mantenido su postura.

Los dirigentes justifican su accionar alegando que defienden los derechos de otros sectores, mientras simultáneamente les niegan a cientos de miles de estudiantes el acceso a las aulas y su derecho de aprender. Tras más de 70 días de huelga, condicionan el regreso a clases a la firma de un acuerdo de finiquito que garantice impunidad administrativa, relegando a un segundo plano el supuesto objetivo original de la protesta.

Adicionalmente, insisten en que su huelga está amparada por la Constitución. En Panamá, el derecho a huelga está reconocido constitucionalmente, pero condicionado a lo que la ley establezca, especialmente en servicios públicos como la educación. La Corte Suprema, en una sentencia de la Sala Tercera de agosto de 1994, resolvió un caso sobre retención de cheques a docentes en huelga y señaló que existe una omisión legislativa, ya que no hay una ley específica que regule las restricciones al derecho a huelga en el sector educativo. Mientras esta ley no se dicte, rige el principio constitucional de legalidad, que establece que los funcionarios públicos, como los educadores, solo pueden actuar conforme a lo que la ley permite. Así, el fallo respaldó al Ministerio de Educación (Meduca), señalando que los docentes no pueden ausentarse de sus labores sin causa justificada, conforme al artículo 797 del Código Administrativo.

Pero dejemos a un lado, por un momento, el aspecto técnico, legal o administrativo del conflicto, y reflexionemos sobre lo que realmente representa esta nueva huelga docente para el país.

Panamá hoy ostenta un triste récord mundial, es el país con menos días de clases efectivos en los últimos cinco años. Durante la pandemia fuimos el segundo país con mayor tiempo sin educación presencial, y hoy, en plena normalidad, probablemente seamos el único país del área donde funcionarios exigen cobrar sin asistir a sus puestos de trabajo.

Lo más grave no es solo el tiempo perdido, sino la pérdida de rumbo. Quienes se han autoproclamado defensores del pueblo y de los estudiantes no han planteado con claridad qué artículos desean modificar de la Ley 462, ni han presentado propuestas concretas frente a la crisis que ellos mismos denuncian.

Esta protesta se caracteriza por consignas vacías y exigencias administrativas que desconectan por completo al gremio docente de la ciudadanía.

En este contexto, la gran pregunta es: ¿quién defiende realmente el derecho de los estudiantes? Porque lo cierto es que la ausencia prolongada de clases no solo retrasa el calendario escolar, sino que socava profundamente las posibilidades de desarrollo de miles de jóvenes panameños, especialmente de aquellos que no tienen acceso a educación privada ni a oportunidades alternativas.

Esta huelga, más que una manifestación de resistencia se ha transformado en un reflejo de cómo la educación ha sido politizada, utilizada como rehén y convertida en campo de batalla de agendas ajenas al bienestar colectivo.

No podemos seguir normalizando lo inaceptable. El país no avanzará mientras se premie la ausencia, se niegue el conocimiento y se prioricen intereses gremiales por encima del derecho de cada niño y niña a estar en un aula, aprendiendo, soñando y construyendo un futuro mejor para nuestro país, Panamá.