Un protagonismo que no debía ser

Cada vez que se presenta ante la opinión pública algún tema relacionado con los valores morales, los promotores de éstos se ven obligados a defenderse como si sus acciones fueran vilezas. Esto se aprecia cuando los movimientos pro-vida y pro familia se yerguen para defender los principios y valores tradicionales referidos a estos temas vitales para la vida sana de la sociedad.

Esta situación se está dando en nuestro país actualmente a propósito del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, denunciada como nociva por dirigentes religiosos, líderes políticos, y ciudadanos profesiones interesados en fortalecer la vigencia de los valores cívicos y morales.

Los defensores criollos del proyecto importado ponen el grito al cielo —o al infierno— y acusan a los objetores de introducir la religión en un asunto que, ellos, los devotos del laicismo fundamentalista, proclaman ex cátedra que es de exclusiva competencia del Estado.

El documento, actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados, se señala como engañoso, y se lamenta la absoluta falta de respeto a las reglas del diálogo. Los diputados están a la escucha de intervenciones de personas especializadas en los temas, quienes se han preocupado por las anomalías denunciadas.

Aunque en el proyecto de ley se mencionan varias veces las palabras ética, persona, integridad, y otros términos que se entienden relacionados con valores fundamentados en un humanismo cristiano y en la ley natural, este entendimiento se frustra al expresase en el documento que “será obligatoria la inclusión de la educación sexual y reproductiva con perspectiva de género de una manera integral...”. (Artículo 11).

Se menciona que se tomarán en cuenta aspecto éticos y morales. Pero: si éstos son entendidos y aplicados “con perspectiva de género”, resultan incongruentes con los principios cristianos y hasta científicos, como reconocería toda persona bien informada.

No basta, pues, afirmar, que el proyecto se enmarca en la Constitución de la República, porque la Carta Magna no está redactada en el engañoso lenguaje del género.

Además, el documento adelanta una definición de la perspectiva de Género (así, en mayúscula) oscura e incompleta, y que no corresponde al verdadero significado que se da en la ideología de género a los conceptos de sexo, género, hombre, mujer, cultura, y demás mencionados; una incongruencia que el arzobispo Dimas Cedeño señaló en carta al presidente de la Asamblea.

Las denuncias del arzobispo y de pastores cristianos son pertinentes, legítimas, oportunas y favorables al bien común de la sociedad. Igual puede decirse de las objeciones presentadas por los diversos profesionales representantes de la sociedad civil. Y es que los vicios del documento no lo son porque así los califiquen los objetores, sino porque lo son intrínsecamente. Los profesionales que se oponen al proyecto lo hacen por razones y con argumentos científicos, morales y éticos, no necesariamente religiosos.

Una cuidadosa atención a los aspectos negativos y su corrección producirían un instrumento de valor, y no una ley dañina, beneficiosa solamente para más burócratas con jugosos salarios pagados por las mismas víctimas de la nefasta ley.

-El autor es comunicador social.miguelespinop@hotmail.com