Dilema de la banca panameña

Con más de 80 bancos de 35 países, de licencia general, internacional y de representación, activos que sobrepasan los $60 mil millones y una amplia gama de servicios que hallan respaldo en la solidez que le han acompañado durante sus casi 40 años de existencia, el Centro Bancario Internacional constituye un mercado confiable, donde inversionistas, comerciantes y depositarios concurren haciendo del mismo un destacado emporio, cuya tradición lo convierte en insignia representativa que promueve nuestra hegemonía financiera en el competitivo mundo de los negocios.

Su estratégica ubicación geográfica y comercial, la satisfactoria calificación de riesgos, una economía próspera y estable, la utilización del dólar como moneda de curso legal, la inexistencia de gravámenes sobre rentas generadas en el extranjero, un efectivo y funcional sistema de control y supervisión sobre sus operaciones y la preservación de la confidencialidad en las mismas, son parte de ese cúmulo de ventajas comparativas que le fortalecen, adjudicándole el privilegiado sitial de la que goza esta capital financiera.

No obstante, el incremento global de actividades delictivas, como el contrabando, narcotráfico, y terrorismo, aunado al perfeccionamiento de los mecanismos tendientes a penetrar los sistemas financieros — especialmente los más permisivos — son algunas de las razones que han llevado a diversas agrupaciones, entre ellas el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a impulsar cambios sustanciales por parte de los Estados en materia de imposición fiscal y secreto bancario; un tema que toca las puertas de Panamá y que debe ser analizado muy cuidadosamente teniendo sobre la balanza los efectos nocivos que pudiese acarrear la eliminación de prerrogativas en nuestro sistema, pero sin descuidar las repercusiones que a nivel internacional pudiese acarrear una mala promoción de nuestra imagen en este mismo contexto, como represalia.

Estas dos posiciones me permiten afirmar que estamos en la obligación de evaluar en qué manera como país podemos colaborar y establecer mecanismos más eficaces para la prevención, seguimiento y detección de capitales ilícitos en el sistema; sin embargo, el tema de la tasación fiscal debiera — a mi juicio — continuar siendo una potestad autónoma y exclusiva del Estado panameño; pese a que otros aduzcan que esta práctica promueve la evasión de impuestos en otras latitudes. Asumir una postura intransigente al respecto definitivamente no es la respuesta. La colaboración y cooperación internacional son las armas fundamentales con que contamos para tratar de disminuir las exorbitantes cifras que genera el comercio ilícito y el blanqueo de capitales derivado del mismo.

De todas maneras, en caso de arribar a consenso alguno en materia de cambios en la normativa vigente, no sería prudente en estos instante echar mano de ellas, toda vez que ante los efectos palpables y secuelas previstas de la Crisis Financiera Global, cualquier alteración trascendental sobre el sistema podría desequilibrar el buen desempeño que hasta el momento ha preservado nuestro Centro Bancario Internacional.

-El autor es financista, docente.alfasa13@cwpanama.net