Bernardo Meneses enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado; legalizan su aprehensión y dictan medida cautelar

Tres en uno para Bernardo Meneses. Este martes 8 de julio una jueza de garantía del Sistema Penal Acusatorio legalizó la aprehensión, decretó medida cautelar de 6 meses y formuló cargos por enriquecimiento injustificado agravado al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Meneses quien dirigió el Ifarhu durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo pidió hablar durante la audiencia y aseguró que “todo es falso y que se trataba de un proceso político”, argumento que fue respondido por la jueza que defendió su actuar profesional en base a la ley.

Un comunicado del Órgano Judicial destaca que la “imputación se sustenta en una auditoría que reveló un aumento patrimonial de 419,331 dólares durante su gestión en la pasada administración, monto que, según las autoridades, no ha podido justificar adecuadamente”.

Cronología de la audiencia

Meneses compareció la mañana de este martes ante la jueza de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

El exfuncionario fue aprehendido el lunes 7 de julio en su residencia en Arraiján, a las 5:30 a.m., por agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes también realizaron el decomiso de computadoras, teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos tecnológicos, que serán analizados por el equipo forense.

Además, enfrentaría los cargos por supuesto peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Tras su detención, la defensa del exfuncionario presentó un recurso de ‘habeas corpus’ ante el Tribunal Superior de Apelaciones, que fue declarado no viable.

Durante su gestión, el programa de auxilios económicos del Ifarhu fue fuertemente cuestionado por la supuesta asignación irregular de recursos y la falta de transparencia en los criterios de selección y montos otorgados.

Aunque Meneses ha defendido su actuación asegurando que se apegó a la legalidad, diversos sectores han señalado que los fondos del programa pudieron haber sido utilizados con fines políticos.