Elecciones escandalosas

Un nuevo escándalo ha sacudido estas elecciones a un mes del sufragio, nos enteramos de que el candidato a alcalde de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, se nacionalizó en Estados Unidos y ejerció aquella ciudadanía en 1996, votando en Miami Dade. La Constitución Política panameña es clara al señalar que adquirir otra nacionalidad implica una renuncia tácita a la panameña, lo cual suspende los derechos de ciudadanía. La renuncia de la nacionalidad se produce, expresa o tácitamente; la tácita se da cuando “tácita, cuando se adquiere otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo”.

De manera que el candidato de la Alianza por el Cambio puede verse impugnado. Sus defensores alegan que el exilio durante el régimen militar le forzó a esta decisión para poder trabajar. Pero sus detractores señalan que peores condiciones padeció el otro candidato a alcalde opositor, Miguel Bernal, quien sufrió dos exilios y una brutal golpiza, pero nunca renunció a la nacionalidad.

Aunque nunca se presentó una impugnación formal, muchos círculos políticos en Panamá cuestionaban a Vallarino por su desempeño como vocero del ejército norteamericano durante la cruenta invasión de 1989. Algunos especulan que la nacionalización estadounidense pudo guardar relación con laborar para los organismos de inteligencia de ese país. Tenemos un panorama electoral completamente desacreditado, si sumamos este nuevo escándalo al que se produjo hace pocas semanas cuando el otro aspirante a la alcaldía capitalina, el oficialista Roberto Velásquez, admitió haberse reunido con David Murcia, aunque negando haber recibido 3 millones de dólares para su campaña. Con lo cual los dos principales aspirantes a dirigir la ciudad de Panamá quedarían marcados bajo el signo de la duda.

Todavía es peor la situación, porque a los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República, Balbina Herrera y Ricardo Martinelli, les ha sido levantada la inmunidad y se encuentran investigados por la Procuraduría en relación al “caso Murcia”. Una bajo sospecha de haber recibido donaciones ilegales y el otro bajo sospecha de haber comerciado con el grupo DMG, acusado de lavado de capitales. Las autoridades del Tribunal Electoral —TE— pretenden que hagamos caso omiso de estas denuncias, que sigamos el proceso electoral como si nada hubiera pasado, elijamos entre los postulados y esperemos pacientemente a que, a posteriori , las autoridades judiciales determinen si hubo o no delito en los casos mencionados. De ser así, el país caería en la contradicción de elegir un candidato bajo sospecha, lo que conllevaría la falta de credibilidad y posible ilegitimidad.

En el Partido Alternativa Popular creemos, por el contrario, la única manera de dar un toque de decencia a estas elecciones es que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie urgentemente siguiendo la recomendación de la procuradora, Ana Gómez, en el sentido de declarar inconstitucional el acto por el cual el TE impidió la candidatura del Prof. Juan Jované a la Presidencia de la República.

Cada día son más los ciudadanos que no quieren elegir entre Balbina y Martinelli, y preferirían ver en la papeleta el nombre de Jované. De lo contrario la única alternativa que queda es el voto castigo, blanco o nulo en la papeleta presidencial.

-El autor es sociólogo.olmedobeluche@hotmail.com