Una denuncia patriótica

Hace Algunos días el encargado de controlar las finanzas públicas, Licenciado Carlos Vallarino, hizo pública una serie de presiones de parte de sus copartidarios, para que a la velocidad del rayo aprobara documentos y acciones que a última hora han remitido a su despacho algunos funcionarios de jerarquía, quienes pretenden hacer valer aquella sentencia que dice en “el mes del Hidalgo, vamos a quedarnos con algo”.

La denuncia cobra relevancia, porque pudiera pensarse que como Vallarino es un funcionario del gobierno actual, estaría dispuesto a darle refrendo a esos trámites que no han cumplido con los parámetros que la propia ley de control fiscal establece. Esa acción, —de concretarse— es a todas luces no consecuente con la política de probidad que siempre ha exigido a sus funcionarios el presidente Torrijos.

Pidiendo fuerzas y la entereza debida al Altísimo, para no ceder ante las presiones y amenazas de algunos copartidarios, Carlos Vallarino, se enfrenta a ellos, y lo que es mejor, los denuncia públicamente para que entiendan que la ejecución de sus responsabilidades debe estar basada en la honestidad hasta el último día.

Pero entremos a valorar la entidades y los funcionarios que han intentado pasar “por fuera” algunas contratos, concesiones, otorgamientos de permisos para minerías, indemnizaciones, addendas para proyectos carreteros, préstamos en el BDA, en la Autoridad Marítima de Panamá, préstamos millonarios en las entidades bancarias del Estado y otras que involucran millones de dólares del Erario Público, al parecer para entregarlos sin las sustentaciones legales establecidas.

Los actuales directivos de la AMP han remitido expedientes para refrendo en los cuales, según el propio contralor Vallarino, se regalan terrenos y fondos de mar a precios irrisorios, causándole una lesión patrimonial al Estado. Los informes que tanto esperaba la comunidad referentes a las investigaciones del FECE y de la fibra de vidrio, que involucran lesiones millonarias, ya se encuentran en manos del Ministerio Público, y se espera una acción contundente en breve en contra de los señalados en las auditorías.

La denuncia pública del contralor hay que resaltarla, pero lo que es criticable desde todo punto de vista, es la parsimonia de la mal llamada zarina anticorrupción, Licenciada Alma Montenegro, quien con esta sola denuncia pública debiera estar solicitando los nombres y las acciones ilegales que se han remitido al despacho del contralor, para “de oficio” iniciar las acciones que permitan sancionar de manera ejemplar a todos los funcionarios señalados.

Es lastimoso que no exista una acción coordinada entre las entidades públicas que permita aplicar las sanciones establecidas, pero, por lo menos, nos queda la satisfacción que brinda el señalamiento público del contralor Carlos Vallarino, para quienes en el último mes de gobierno intentaron favorecer a amigos y empresarios, quién sabe con qué intención.

-El autor es periodista.erluga@cwpanama.net