Reforma laboral y TLC

El movimiento obrero panameño, aglutinado en CONUSI, desde el arribó del neoliberalismo, hemos enfrentado las medidas neoliberales de flexibilización laboral. Desde 1986, y con mayor fuerza en 1995, los gobiernos neoliberales han introducido reformas que han arrebatado conquistas y derechos alcanzados con el sudor y la sangre de la clase trabajadora. El discurso de la patronal y los gobiernos, con la complicidad de CONATO, para imponer las reformas laborales ha sido la necesidad de “generar más empleo”. Los resultados de la reformas desdibujan el discurso, hoy hay más panameños desempleados, los salarios son más bajos e impera la informalidad laboral.

Nuevamente con la globalización neoliberal, se esgrime la tesis de nuevas reformas laborales. Se trata de una condición para el “libre comercio” ; es decir para que los EUA ratifique los TLC. Estas condicionantes, en materia laboral, se refieren de manera concreta a derechos laborales y de libertad sindical.

En nuestro caso, ciertamente Panamá es uno de los países donde se violan los derechos laborales y la libertad sindical, pero también es cierto que cada vez que se abre el compás para modificar el Código de Trabajo, los resultados han sido mayor flexibilidad laboral y desconocimiento de los derechos laborales. Es oportuno decir sobre el tema que los principios protectores del derecho laboral son esenciales y no son negociables, por más que se quiera justificar su obsolescencia. Su esencialidad consiste en que fueron concebidos para defender a la parte más débil (trabajadores) frente a la parte más fuerte (patronal) y por lo tanto, la persistencia de esa desigualdad en la relación laboral otorga indiscutible vigencia a tales principios, cuya desnaturalización solo puede emprenderse a condición de generar un retroceso histórico en los derechos humanos y laborales.

Los TLC no han garantizado en lo más mínimo estos derechos. El impacto del CAFTA-RD entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana en derechos laborales ha sido negativo, las condiciones laborales en estos países no han mejorado y las violaciones no han disminuido. Por ejemplo: “Desde enero de 2007, seis líderes sindicalistas han sido asesinados en América Central” ; “En El Salvador, el porcentaje de la gente que trabaja en el sector informal es de 55%, en República Dominicana 55%, y en Guatemala 75%, condiciones que impiden la organización sindical” ; “En República Dominicana se han perdido 80,000 puestos de trabajo en el sector de maquila desde 2006” ; “El número de sindicatos ha venido disminuyendo en la región” (Ver estudio de WOLA).

En conclusión, está claro que el capítulo laboral de los TLC, no es un instrumento creado para la defensa de los derechos de los trabajadores, sino para evitar el “comercio desleal” entre las partes signatarias por violaciones a los derechos laborales en las empresas que exportan al mercado norteamericano no sancionadas por el Estado según sus obligaciones de tutela y protección. Ciertamente se prevé, en última instancia, una sanción al Estado que afecte el comercio por no garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y no a las empresas que serían las infractoras directas en primera instancia. De esto último se puede deducir ciertamente, una legitimación de la impunidad empresarial. Todo ello solo es entendible en la lógica de resguardar los intereses comerciales de las transnacionales.

-El autor es secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com