Veremos qué hará la Corte Suprema

En la entrega del martes 4 del presente me referí al CEMIS, en forma general e histórica. En esta entrega me referiré a la corrupción que se dio.

El proyecto CEMIS ha vuelto al debate público y legal. Lo ha presentado al Órgano Judicial, el Ministerio Público y surgen las preguntas: ¿Por qué ahora? ¿Cuántos años tiene la Licenciada Ana Matilde Gómez de ser procuradora general de la Nación? Es evidente que dicha funcionaria no llevó el caso al Órgano Judicial mucho antes por tres motivos: a) Porque quien la nombró está implicado en el caso; b) Porque el mandatario de turno iba a impedir a toda costa el desarrollo del proceso; y c) Porque se debía preservar las pruebas.

Por su parte en la Corte Suprema de Justicia, si el caso hubiese sido llevado a ella por la procuradora general de la Nación en aquel momento, la investigación no hubiera prosperado, porque era obvio que el mandatario de turno lo hubiese entorpecido.

Vistas así las cosas, este análisis beneficia a la procuradora, por cuanto que al presentarlo a comienzos de este mandato, contrario a la hegemonía PRD, lo haría con la seguridad de que el caso seguiría su curso y desde luego la Corte Suprema de Justicia habría de actuar con mayor libertad y sin la presión del Ejecutivo saliente.

Ahora bien, debemos analizar otros dos ingredientes que ayudan a la clarificación del proceso CEMIS: El primero es el video presentado por el ex presidente de la República, Dr. Ernesto Pérez Balladares, en verdad, entregado en muy buena hora, porque de haberlo hecho durante el mandato de Martín Torrijos hubiera desaparecido tristemente y hoy no existiría tan importante documento probatorio.

El segundo, es la declaración y retención del dinero por parte del diputado Afú, sin cuyo ingrediente —la retención del dinero— hoy no existiría prueba tan evidente y dirían que se trata de una calumnia más. Resumiendo: Tanto la presentación del video en esta fecha, como la retención del dinero en aquella, han sido acertadas.

Los dos elementos de juicios aportados permiten al Órgano Judicial analizar, en derecho y desde el punto de vista moral, que el acto de corrupción perpetrado por los legisladores del PRD y de Martín Torrijos obliga a las autoridades de justicia a cumplir plenamente con el deber de mandar a la cárcel a Torrijos y su camarilla.

Independientemente del daño que se hizo a los colonenses al cometer aquel acto tan infame, privándolos del derecho al trabajo y a la Nación al de la implementación de uno de los proyectos más importantes después del Canal de Panamá, y la ampliación como lo será el CEMIS, esa gran factoría universal.

Así son las cosas.

*Empresario.juramor777@hotmail.com