¡Se acabó el relajo!

Esta ha sido una semana histórica, en la lucha del pueblo panameño por acabar con el abuso constante de las empresas eléctricas. Después de la burla que le hicieron estas empresas al presidente Ricardo Martinelli, la reacción del Órgano Ejecutivo fue enérgica, contundente y puntual. Hoy, el pulpo eléctrico ha perdido varios de sus tentáculos que diariamente oprimen al consumidor.

El domingo 23 de agosto, en una sesión extraordinaria para tratar el grave problema del alto costo de las tarifas eléctricas, el Consejo de Gabinete aprobó la resolución 101, por la cual se instruyó a las entidades, autoridades y organismos con atribuciones y funciones relacionadas con la prestación del servicio de electricidad, para que adoptaran medidas dirigidas a verificar el estricto cumplimiento de los criterios sociales y económicos, que obligatoriamente deben cumplir los prestadores del servicio público de electricidad.

El martes 25 de agosto, en una sesión ordinaria del Consejo de Gabinete, se aprobó un proyecto ley que regula la compra y venta de energía y establece sanciones ejemplares para los prestadores de servicios que violen las normas establecidas.

El anteproyecto de ley establece que será la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), propiedad del Estado panameño, la que tendrá la función de comprar toda la energía y potencia que requieran las empresas de distribución. Es decir, volveremos al sistema que existió al inicio de proceso de privatización que garantizó la contratación, a precios estables, de la energía eléctrica que consumen los usuarios del sistema. Un hecho notable de este proyecto es que establece multas apropiadas para quienes violen las reglamentaciones establecidas.

Un análisis minucioso de las medidas adoptadas por la Administración Martinelli revela que las mismas, producirán un ajuste estructural al mercado eléctrico a mediano plazo y en el corto plazo garantizan una reducción de las tarifas eléctricas. Es la primera vez que un presidente decide tomar acciones enérgicas, para acabar con las graves distorsiones en el mercado eléctrico.

A corto plazo el Gobierno impondrá, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), un incremento a la tasa del agua que utilizan las generadoras hidráulicas. Ahora tendrán que pagar dos centavos por cada kw/h que generen y estos ingresos servirán para reducir el costo de la tarifa a los usuarios que consuman menos de 500 kw/h por mes.

Los clientes de alto consumo residencial no tendrán cargo por demanda, lo que significa una reducción que beneficiará al 2% de los usuarios que más consumen y que ahora tendrán ahorros entre 150 y 250 dólares mensuales.

El Consejo de Gabinete solicitó a la Autoridad de los Servicios Públicos una auditoría integral de las empresas de distribución, a fin de verificar el origen de las anomalías que se dan en los ciclos de lectura, en la falta de lectura, en la facturación y en la calidad técnica de los servicios que prestan estas empresas.

El mercado de generación, responsable del 75% del costo de la energía eléctrica, será objeto de una reestructuración y de la aplicación obligatoria de las normas vigentes. El relajo de acudir, con fines especulativos, al mercado ocasional se acabó. Las empresas distribuidoras tendrán que comprar en contratos de largo plazo, el 100% de la potencia y energía que necesiten para suplir al mercado. El mercado ocasional se utilizará exclusivamente entre las empresas generadoras para respaldarse mutuamente en casos de urgencias.

El Gobierno también intenta, a través de la Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA), construir plantas generadoras en todo el país, impulsando primordialmente los proyectos hidroeléctricos.

Con el nuevo proyecto de ley que le da la responsabilidad a ETESA para comprar y vender toda la energía, del sistema, también se obliga a las concesionarias de generación a participar en las licitaciones que se realicen. Es en el mercado de generación, que no tiene regulaciones adecuadas, en donde se ha originado todo este incremento en los costos de energía. Un estudio de los sobrecostos, que han tenido que pagar los usuarios de los servicios eléctricos, revela que las plantas de generación hidráulica han sobrefacturado cerca de 700 millones utilizando la especulación en el mercado ocasional.

Para todos los panameños esta semana ha sido muy emocionante, porque por primera vez se toman medidas integrales para ordenar el mercado eléctrico. Los efectos de estas decisiones estratégicas se reflejarán en una reducción en el costo de la energía eléctrica, una mejor calidad del servicio al cliente y pondrá al país en mejor capacidad para competir en los mercados internacionales.

Es indudable que el resultado de estas jornadas es el producto de las luchas de muchos panameños y panameñas; de los medios de comunicación, que han sido receptivos a informar los abusos que se cometen en el sector eléctrico; y, sin duda alguna, a la nueva fuerza del cambio que lideriza el presidente Ricardo Martinelli.

*Ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net