“Que no me investigue ella”

Es el grito plañidero de los Padres de la Patria, temerosos de una objetiva investigación dirigida por la procuradora general de la Nación. Pánico es lo que se trasluce de una vergonzosa iniciativa legislativa recientemente presentada. Al buen entendedor, pocas palabras. Si se dice que “el que no la debe no la teme”, esta propuesta se percibe como una maniobra para mantener escondida alguna deuda con la sociedad. A menos que se levante la enérgica voz de una opinión pública indignada ante tanta desfachatez y los medios de comunicación se hagan eco de esa protesta, volveremos al país donde no pasa nada. Seguirá la fiesta de impunidades, privilegios y discriminaciones y nada habrá cambiado.

Lo que más llama la atención y da dolor y tristeza es la “ cara de palo ” que pretende justificar la medida propuesta. Por muchos argumentos legalistas que se esgriman —y el Colegio Nacional de Abogados ya los ha descalificado— el real trasfondo no resiste un mínimo cuestionamiento ético y, desde el punto de vista político, es un genuino despropósito.

En su manera sencilla y popular de explicar algunas cosas difíciles de comprender en toda su dimensión, Guillermo Endara hablaba frecuentemente del “ Ráscame la espalda y yo te rasco tu espalda ” como un acuerdo para ayudarse mutuamente, reciprocarse los beneficios y asegurarse la tranquilidad de sus espíritus. Lo mencionó varias veces en sus campañas políticas, cuando denunciaba el pacto mediante el cual un régimen entrante se comprometía a no agredir ni sacarle trapos sucios al régimen saliente, a cambio de que cinco años después pudiese recibir igual trato cariñoso. También aplicó su metáfora a la disposición que autoriza a los diputados a investigar a magistrados y a éstos, a su vez, procesar a aquellos. Decía Endara que la facultad de poder asegurar que “ yo te investigo, tú me investigas ”, implica también el poder decir “ yo no te investigo, si tú no me investigas ” o “ yo te perdono, si tú me perdonas ”.

El peligro actual para ciertos diputados es muy sencillo. Existen actualmente denuncias contra varios de ellos en manos de los magistrados, quienes deben determinar si, por la gravedad de los indicios, se pueden investigar sus actividades cuestionadas para luego llevarlos a juicio, sancionarlos o decretar su inocencia. El problema supremamente preocupante para los diputados proponentes no es impedir que se les pueda investigar, si esa fuera la decisión. La gran preocupación, que aflora ahora, es impedir a toda costa que una cierta autoridad específica pueda hacerlo.

El nuevo proyecto de ley es clarísimo: que sea cualquier autoridad, pero que no sea —¡por Dios!— la procuradora general de la Nación. Esta tinterillada alega que cuando la Constitución exige el nombramiento de un agente de instrucción para realizar la investigación, ese agente nunca debería ser la procuradora general. El Colegio Nacional de Abogados ha señalado que el argumento no tiene sustentación legal y por ello los legos en materia jurídica nos remitimos a la opinión de quienes, por su formación, tienen sobrada base para opinar; pero desde el punto de vista ético y político, tenemos pleno derecho para censurar la medida.

Lo cierto es que algún temor inexplicable le profesan los proponentes a la procuradora. Ojalá no triunfen los intereses creados ni prevalezca una odiosa actitud machista.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com