Una nación de paz, libre de homicidios

En los últimos días, hemos visto cómo se ha disparado la tasa de homicidios perpetrados a mansalva en plena vía pública. Aunado a esto, los medios hacen un festín con el objeto de disparar su “rating”, divulgando en sus espacios noticiosos los mismos, en vez de exponer notas positivas y valores dignos de imitar.

La mayoría de estos hechos pone en evidencia que sus ejecutores obedecen al crimen organizado criollo o están influenciados por elementos foráneos, empleando armas de fuego que abundan en la ciudad. No tengo estadísticas ciertas, pero lo que sí advierto de inmediato, es que la mayoría de estas armas llega a poder de estos sujetos previa adquisición legal en el mercado y luego son hurtadas, robadas o sustraídas a sus legítimos propietarios.

Claro, desde 1989, las empresas que se dedican a la venta de armas y municiones se han convertido en un rentable negocio, que el Estado no se atreve a frenar, con el errado criterio de a mayor cantidad de armas se genera más seguridad.

Podemos cortar el mal de raíz prohibiendo por unos cinco años, como mínimo, el comercio y venta de armas y municiones a nivel nacional, las que solo podrán portar los miembros de los entes de seguridad del Estado y las empresas dedicadas al transporte de dineros y valores. Quien ose portar armas ilegalmente en estos cinco años, debe sancionársele con una pena mínima de siete años de prisión y si cuenta con el permiso respectivo, la primera vez, imponérsele una multa ejemplar de $3000. En las sucesivas ocasiones, se impondrá la pena respectiva, además decomisarle la misma.

Si el arma resulta de grueso calibre, de guerra o de uso exclusivo de estamentos de seguridad del Estado, la pena no debe ser inferior a los nueve años de prisión. Esta política severa y ejemplar permitiría reducir la cantidad de armas circulando y contraería la disponibilidad de las mismas, a la vez que promovería una cultura de paz y no violencia en el país.

Panamá, es una tierra demasiado hermosa para darnos el lujo de convertirla por omisión en un poblado del viejo oeste, donde impera la Ley del revólver o del más fuerte, es hora de que la Asamblea Nacional legisle protegiendo a los más débiles de los abusos y arbitrariedades de los más fuertes. Prohíban, señores diputados, la venta y posesión de armas a los civiles, y verán que nos ahorraremos malos ratos y titulares de crónica roja, que no son saludables ni buenos ejemplos para los hombres del mañana.

*Docente universitario.agonzalezherrera26@yahoo.com