Sentido común en la administración pública

Mientras el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) sitúa a Panamá como uno de los países con más alto nivel y las últimas encuestas realizadas revelan que los índices de popularidad de la actual gestión gubernamental disminuyen, los políticos del patio se dedican a protagonizar una cruzada de desprestigio y pases de facturas, fundamentada en informaciones de corrupción y negociados, donde cada bando participó en sus pasadas administraciones.

El sonado caso PECC, sobre la concesión directa que en ese entonces concedió la Autoridad Portuaria Nacional a la compañía Ports Engineering & Consultants Corp., adquiere relevancia, producto de recientes declaraciones efectuadas por el ex contralor Alvin Weeden, pasados 10 años de lo ocurrido; así como el supuesto blanqueo de capitales de la sociedad Shelf Holding Inc., involucran al ex presidente Ernesto Pérez y otros altos ex funcionarios, mientras que publicaciones televisivas, con adversarios políticos de Weeden lo vinculan en actividades de lavado de dinero.

Por otro lado, Mitchel Doens, secretario general del PRD, realizó fuertes declaraciones que implican a funcionarios del actual gobierno en actos de lavado de dinero, según presuntos informes de la DEA.

Frente a actuaciones poco edificantes de políticos, tanto de vieja data como de la nueva administración, existen fuertes cuestionamientos por reiteradas actuaciones.

La poca credibilidad en los órganos de gobierno, el “ juegavivo ” en la concentración, definición y aplicación de las leyes primordialmente en materia de justicia, evidencian matices de corrupción, por lo cual la ciudadanía se siente cada vez más desprotegida.

La inversión de capitales en periodos electorales para garantizarse intereses económicos y políticos, así como la mala práctica de la institucionalización del clientelismo, son factores que contribuyen a debilitar la estructura gubernamental, distorsionando el verdadero objetivo y misión de su razón de existir.

Lamentablemente, despuntan intereses individuales, partidistas y en algunos casos gremialistas, en detrimento de la concertación nacional, en la búsqueda de solución a problemas apremiantes como el alto costo de la vida, la aplicación de mecanismos que eliminen las prácticas monopolistas (caso del combustible) y el establecimiento de políticas salariales con mecanismos inflacionarios automáticos.

Es necesario hacer un alto. Pensar con sentido común y proyección generacional, por el bienestar de todos.

Para ello se requiere voluntad, liderazgo, compromiso, honestidad y experiencia administrativa pública, para gobernar el patrimonio nacional mediante políticas de Estado coherentes y asertivas, con estrategias que promuevan un desarrollo equitativo y la aplicación de mecanismos efectivos que eliminen la discrecionalidad en la aplicación de la justicia y castiguen ejemplarmente la corrupción y el delito sea del crimen organizado, la delincuencia común, empresarios o políticos.

*Economista, educadora y humanista.diostesalvepanama@yahoo.com