Todo gobierno necesita una (leal) oposición

P arecería una aseveración equívoca y carente de lógica, porque si un gobierno legítimo surge de un sufragio que refleje el auténtico Visto Bueno del electorado que haya preferido su propuesta, sería razonable que a los gobernantes se le deje trabajar sin distraerlos con el acoso irritante de una crítica emanada de sectores políticos o civiles ubicados fuera del gobierno. La situación se complica cuando los gobernantes rechazan agresivamente algunas opiniones adversas o cuando desprecian opiniones no favorables, como si se tratara de una ofensa personal. Pienso, sin embargo, que el principal papel de cualquier oposición es ser leal, no al gobierno, sino a la democracia, al bien común, a derechos fundamentales del ser humano; en fin, leal solo al soberano que es el pueblo.

Jamás podría avalar una oposición que quiera desestabilizar un gobierno con acciones violentas o subterfugios malintencionados, pero muchas veces en nuestro país observamos conductas que me resultan estrategias ineficaces y/o huérfanas de creatividad. En el fondo son posiciones insinceras, motivadas aparentemente por una agenda propia distinta a la que se nos presenta públicamente.

Así, una oposición reiterativa señala que todo lo que hace —o deje de hacer— el gobierno, es inaceptable; nada de lo que haga resulta satisfactorio. Es una especie de disco rayado predecible y, al final, no se le presta atención, porque pierde credibilidad por su evidente obstinación.

Una oposición tipo quítate—tú—para—ponerme—yo reprende y amonesta solo porque desea volver a acariciar un poder ya disfrutado, pero perdido. Ella conoce de primera mano cómo se utilizan los hilos del poder, no siempre en forma tan altruista como todos esperaríamos.

Otra oposición, olvidando su pasado, reprocha lo que antes hacía cuando ejercía el gobierno. Lo que hicieron o no hicieron como gobierno, ahora resultan medidas inaceptables; se cambian convenientemente los papeles. Los opositores de hoy critican aquello que practicaron como gobernantes ayer y, para no quedar atrás, los gobernantes de hoy hacen lo que objetaron como oposición ayer. Como en el béisbol: en cada episodio un equipo batea y el otro ‘fildea’, luego cambian.

No son esas las oposiciones que necesitamos ni las que afianzan las mejores prácticas de buen gobierno, porque no se inspiran en un propósito saludable. La intención primordial de opositores leales al pueblo debe ser vigilar la conducta del gobierno, como elemento de control ciudadano que asegure que los gobernantes cumplan sus promesas, satisfagan eficientemente las necesidades reales de la población, sean honrados, y no excedan lo que la ley les permita.

El papel de una oposición leal no es aplaudir la obra de gobierno. Después de todo, las autoridades son elegidas para que actúen en función del bien común, que propongan y aprueben buenas leyes, y que se desempeñen con un altísimo criterio de justicia y honradez. Al mismo tiempo, una oposición leal al pueblo no puede escatimarle apoyo al gobierno en temas de interés nacional —los ‘asuntos de Estado’— o aquellos que defiendan nuestra soberanía en el campo internacional.

Entendido en esos términos, resulta evidente que el país y los gobiernos de turno son quienes necesitan de una oposición —bien intencionada, libre e independiente— que opine responsablemente sobre lo que considere equivocado.

Es un derecho político de los ciudadanos y es deber de los gobernantes —con la democracia y con el país, más que con los opositores— explicar satisfactoriamente todas sus actuaciones, especialmente las cuestionadas. Por ejemplo, si ningún gobierno puede aplaudir actos de corrupción, cualquier denuncia debe ser hecha y recibida como un aporte para identificarlos y eliminarlos, no como un intento para desacreditar la actuación oficial. Una ciudadanía alerta que se involucre es el mejor sistema de alarma y antídoto.

Es en el ejercicio pleno de la libertad de expresión donde cada gobernante encontrará el apoyo que necesita, si realmente quiere actuar en consonancia con los mejores intereses de la nación. Y, ¿no fue el filósofo político Voltaire quien señaló que a la persona se le debe juzgar por sus preguntas, más no por sus respuestas?

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.