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26 de Nov de 2020

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Genaro López

Columnistas

Fraudulentas elecciones

Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada, permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse

Advertíamos en la campaña electoral que no había diferencias fundamentales entre la partidocracia, que sus tres candidaturas presidenciales representaban los intereses de los 105 ultramillonarios, y que el proceso electoral se enmarcaba en el más profundo clientelismo que se ha vivido en el país.

La única propuesta diferente era la del Frente Amplio por la Democracia (FAD), pero los intereses creados, el ‘establishment’ y los grandes medios de comunicación, calculadamente, la ocultaron a la opinión pública, no hubo debate real, y con los recursos de la manipulación mediática, el engaño y la siembra de falsas ilusiones, volvieron a convertir las elecciones en un carnaval, descubriéndose después el monumental fraude que se dio a lo largo y ancho del país con cientos de millones de balboas de fondos del Estado, particularmente del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que significó el intercambio de dinero, bolsas de comida, línea blanca, muebles, equipos electrónicos, materiales de construcción, becas, licor, carros y casas a cambio de votos.

Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada, permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse, cometiendo los mismos delitos de los candidatos impugnados.

Los más de 400 millones repartidos entre los diputados representan más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a todos los partidos políticos y candidatos por la libre postulación juntos. Ello constituye una de las evidencias del fraude masivo en que incurrieron todos los partidos políticos tradicionales en las elecciones del 4 de mayo mediante el clientelismo salvaje.

Como resultado de las irregularidades cometidas en las elecciones se produjo una ola de impugnaciones, que generaron más o menos un veinte por ciento de las curules de la Asamblea en acefalía, además de alcaldías y juntas comunales.

Hoy, han iniciado los procesos electorales, parciales o totales, en los circuitos impugnados. Los mismos comienzan a ser cuestionados por vicios de ilegalidades y de corrupción. En esa vía, diversos sectores han denunciado que a los corruptores se les permita participar en el torneo; que algunos electores puedan ejercer el derecho al sufragio dos veces; el uso de programas de Gobierno (como techo de esperanzas) para favorecer candidatos vinculados al actual oficialismo, el establecimiento de alianzas ilegales entre PRD y panameñistas para asegurar sus candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. (El Código Electoral establece que ello solo es posible a partir de las alianzas establecidas a la Presidencia de la República); la entrega de dinero casa por casa; el papel de los medios de comunicación social ‘guiando’ al electorado en su ejercicio; la participación de los círculos ceros y sectores de la llamada ‘sociedad civil’ y de supuestos grupos independientes, claramente comprometidos con el ‘establishment’.

Lo sucedido es una confirmación de la grave crisis institucional que vive el país y da muestra de cómo los medios pretenden erigirse en partidos políticos, tribunales de justicia y autoridad electoral.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido aún vigente, compitió en esa campaña con tal desigualdad de condiciones y prácticas fraudulentas del resto de los partidos que invirtieron cientos de millones provenientes de los fondos del Estado en clientelismo electoral. Ese hecho es más que suficiente para considerar que, dada esa realidad, al FAD no se le debe aplicar el cuatro por ciento como requisito para su subsistencia, mientras que a muchos diputados, representantes y alcaldes que incurrieron en delito electoral se les premia con cargos.

Finalmente, ante este estado de situación, es necesario observar cómo se recomponen las alianzas burguesas y cómo afrontan sus crisis internas los distintos partidos, enfrentados a una lucha intestina por el poder. En lo inmediato hay que desenmascarar el llamado Pacto de Gobernabilidad entre panameñistas y PRD, que no es más que una concertación para repartirse el botín del Estado. En esa vía, también negocian el nombramiento de contralor y procurador. Igualmente hay que observar los intentos de la partidocracia de saldar sus diferencias a través de la Constituyente Paralela, con lo cual prevalecerá el gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.