Panamá, la estafa

Este pequeño país nuestro, al que solo algunos parecen querer, debe sus enormes problemas a ausencia de verdadera administración; a quienes solo desean saquearlo y a la indiferencia, sumisión y cobardía de gran parte de su población.

Además del saqueo, que realizan funcionarios de cada Gobierno, sin consecuencias, están las estafas que han promovido, promueven y permiten actualmente representantes de instituciones estatales en complicidad con ‘promotores e inversionistas'.

En el año 2000 se oficializa un plan de desarrollo, confeccionado por la compañía norteamericana Dames y Moore que incluía las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera y Capira. ¿Por qué se engavetó el plan? El desorden es rentable para algunos y un plan ordenador, que se cumpla, impide el desorden y la ocupación ilegal de espacios.

El cacareado desarrollo inmobiliario, promovido con palabras como ‘Progreso' y ‘Desarrollo' es atropello, despojo y algo más.

Permitir, promover y vender desarrollos de proyectos, especialmente de alta densidad, sin que exista la infraestructura apropiada para atender la demanda de servicios que ellos generan es una estafa y un atentado al derecho a la vida, a la salud y a la tranquilidad de las personas. Es violación de derechos humanos. Muchos de esos cambios son producto del tráfico de influencias, lo que sin duda es corrupción. Se venden apartamentos con conocimiento de que tendrán problemas de suministro de agua potable, de recolección de aguas servidas y de otros componentes de la infraestructura de servicios.

Cambios para aumentar los niveles de densidad, deben responder a planes de desarrollo estructurados, tal como establece la Ley y no como resultado de solicitudes puntuales para modificar la zonificación de un lote en particular.

Barrios de la ciudad como San Francisco, El Carmen, Obarrio, Coco del Mar y otros fueron diseñados para viviendas unifamiliares. Irresponsablemente se permitieron cambios de zonificación por lote, para construir edificios de alta densidad, sin adecuar la infraestructura y sin considerar que la infraestructura existente no tiene capacidad para atender la demanda de servicios que estas estructuras requieren, incluyendo capacidad de las calles.

El Idaan ha informado en diferentes ocasiones que la mayor pérdida de agua se debe a fugas por roturas en las tuberías. Bajo ese mismo suelo corren todas las tuberías de aguas negras que se encuentran en estado deplorable. Esta situación constituye un potencial peligro de contaminación para el sistema de distribución de agua cuando se producen presiones negativas en el sistema como resultado de la falta de este líquido. El Idaan, descuidado e intervenido por la corrupción política, con toda la mala intención, para privatizarlo, no cuenta con los recursos técnicos para monitorear esta situación. Pero hay 200 millones para COPA para promover a Panamá.

Tendremos una epidemia de cólera y otras enfermedades, y correremos a improvisar. ¿Cuántas vidas costará esta irresponsabilidad?

La solución no son las botellitas de agua. ¿En un país con alta corrupción y, por ende, deficientes controles, quién garantiza que esa agua es segura? ¿O ya olvidamos el dietilenglicol?

Un miembro de CAPAC escribe un artículo sobre mil millones que producen con estas construcciones. ¿Serán corresponsables junto con el Estado para sufragar los gastos y enfrentar juicios cuando se desate una epidemia en nuestra ciudad?

La CAPAC está formada por ingenieros, arquitectos, constructores, que suponemos conocen que es obligatoria una infraestructura apropiada, antes de intervenir espacios descontroladamente.

Comunidades existentes no tienen suministro de agua, pero hay dinero para llevar estos servicios a proyectos que violan leyes, que destruyen nuestro ecosistema, humedales, manglares, bosques, la vida de cientos de animales y construcción de rellenos que ponen en peligro la vida de habitantes. La injusticia es violencia. Prestemos atención.

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