Panamá: inseguridad fuera de control

En el informe a la Nación del pasado 2 de enero, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunciaba al país con bombos y platillos: ‘Nuestro Plan de Seguridad está dando buenos resultados. En 30 meses de Gobierno hemos logrado reducir la tasa de homicidios un 47 %, de 17 por cada 100 mil habitantes a 9 por cada 100 mil y hemos alcanzado cifras record de incautación de drogas por dos años consecutivos.

En dos años y medio de gestión, 48 pandillas han sido judicializadas, más 3700 armas de fuego han sido recuperadas y más de 1100 pandilleros puestos a órdenes del Ministerio Público. Además hemos desmantelado 14 redes de trata de personas'.

No entiendo cómo pueden las autoridades de seguridad de este país hablar de logros en esta materia, cuando solo hay que salir a la calle para darse cuenta de la impotencia y frustración que siente la población por los altos niveles de inseguridad que se viven en nuestras comunidades.

Escribió el pasado viernes en un articulo publicado por el diario La Prensa, la distinguida dama, doña Rosario Arias de Galindo, ‘¿Cómo se puede hablar de seguridad ciudadana remitiéndose solo a los homicidios y sin tomar en cuenta que en el país subió la cifra de robos, hurtos y asaltos a mano armada?'.

Vemos con buenos ojos que la tasa de homicidios haya disminuido; sin embargo, hay que hablarle claro al país y decirle que los homicidios solo representan el 1 % de los delitos que se cometen en Panamá. Para la población el robo, hurto, secuestro y violaciones son los delitos que marcan la pauta en estos momentos y vemos que en el discurso del presidente Juan Carlos Varela y en las declaraciones del ministro Alexis Betancourt no se habla a profundidad de este tema.

Los miembros de la Policía, y no lo critico, han recibido importantes incrementos salariales en estos dos últimos Gobiernos; sin embargo, no esperemos que con estos ajustes salariales se vaya a resolver el problema de la inseguridad en Panamá. Es hora de dotar a los organismos de seguridad de las herramientas tecnológicas y científicas necesarias para hacerle frente a este serio problema que aún, gracias a Dios, no llega a los niveles de países vecinos como Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

¿Cuántos hombres y mujeres de los estamentos de seguridad del país están asignados hoy día en misiones de escolta de funcionarios, mientras al pie de fuerza que queda lo tienen trabajando en turnos y tareas que atentan contra la salud de los uniformados por lo extenso de los mismos? Me cuentan los policías que esta situación es insostenible y que muchos deciden abandonar la institución, debido a lo agotador del trabajo y al trato que por presión reciben de sus superiores. También la práctica de usar policías en su día libre para brindar seguridad a los vendedores de empresas comercializadoras, lo que limita el descanso obligatorio que tiene todo trabajador en este país, es algo que tiene que acabarse, ya que nadie puede subsistir trabajando siete días a la semana durante todo un año.

Hay que definir una política criminal de Estado para hacerle frente al problema de la inseguridad. No puede ser que cada Gobierno que llega trae su eslogan y con él empieza a improvisar fórmulas que al final no tienen ningún resultado.

En 27 años de democracia hemos escuchado Mano Dura, Mano Amiga, Calles Seguras, Barrio Seguro y al final, cada día los panameños estamos más inseguros. Hemos escuchado propuestas que van desde aumento de penas a 50 años hasta la pena de muerte, pasando por cadena perpetua.

Decir que Barrio Seguro ha sido exitoso, es otra gran mentira, cuando vemos a los jóvenes que forman parte de este proyecto en la entrada de los supermercados vendiendo los bonos que les dan para recibir efectivo a cambio, quién sabe para qué.

Nada de esto va a resolver el problema, si no nos sentamos como país a revisar todo lo concerniente a la seguridad y en esa misma mesa trazar los lineamientos a corto, mediano y largo plazo para enfrentar el tema. En esta mesa deben estar sentados todos los partidos políticos, representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y sociedad civil, de tal forma que el compromiso sea asumido por todos y no importa quién gobierne, tenga la responsabilidad de cumplir con el mismo y no llegue a improvisar como hasta ahora han hecho.

PERIODISTA