26 de Feb de 2020

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Tomás Paredes Royo

Columnistas

Del crecimiento al desarrollo urbano ¡ahora o nunca!

P anamá se encuentra en una encrucijada donde tiene la posibilidad de resolver muchos de sus problemas

P anamá se encuentra en una encrucijada donde tiene la posibilidad de resolver muchos de sus problemas, tanto estructurales como coyunturales, con la oportunidad de generar para el país y sus ciudadanos una nueva plataforma de dignidad, orgullo y sentido de pertenencia para mejorar las condiciones de vida de todos los panameños y acometer unidos las tareas y los retos del siglo XXI.

Uno de los desafíos que tenemos por delante y que requiere una solución inmediata es el desarrollo urbano de nuestras ciudades, particularmente la ciudad de Panamá. Es fácil percatarse de que el modelo de expansión urbana que ha prevalecido hasta el momento ha sido dictado, particularmente, por los dueños de tierras, las empresas promotoras y demás inversionistas, que han convertido en negocio seguro la atención del crecimiento de la población y sus necesidades de vivienda, muchas veces de una manera unilateral, rápida, espontánea y desordenada. No podemos ignorar el papel y la responsabilidad del gobierno que, por razones estrictamente políticas, en ocasiones promueve la construcción de viviendas, y en otras, prefiere no ejercer su función de regulador y hacer cumplir las leyes existentes, con lo que contribuye a agravar la manera anárquica del diseño y el uso de nuestra geografía citadina.

Pero este patrón de crecimiento no puede continuar. El agotamiento de la tierra, el crecimiento acelerado de la población y el diseño de urbanizaciones para atender primordialmente necesidades de vivienda ha generado una red urbana donde aparenta haber una desconexión entre las actividades económicas y los puestos de trabajo que estas generan con la dinámica y las necesidades de la sociedad de la que se nutren. Esta condición nos genera un consecuente caos en la movilidad, la prestación de servicios básicos (agua, gestión de desechos, energía eléctrica, etc.), la construcción de nuevas infraestructuras, entre otros elementos, que afectan significativamente la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad de Panamá.

Decía el finado Dr. Rodrigo Tarté Ponce, connotado humanista y científico panameño, que hablar de desarrollo sostenible era un pleonasmo, ya que no podía haber desarrollo sin que este fuera sostenible. De allí que la metodología para resolver los problemas actuales y planificar el futuro en materia de desarrollo urbano debe ceñirse al concepto más amplio y riguroso de desarrollo y un abordaje sistémico, donde esté siempre presente el balance o el equilibrio entre los componentes económicos, sociales y ambientales de cualquier actividad urbana-humana.

Aceptado este principio como no negociable, la solución pasa por identificar, involucrar y comprometer a todos los actores que juegan un papel en el desarrollo de nuestra ciudad: los promotores; las empresas constructoras y proveedoras de bienes y servicios; los bancos y demás entidades financieras; los profesionales de la ingeniería y la arquitectura; las autoridades competentes del gobierno central y los municipios, y por supuesto, las asociaciones de ciudadanos o grupos de residentes, en su doble condición de generadores de demanda y de conocedores de su entorno.

Algunos pudieran pensar que se trata de mucha gente, donde pudieran aflorar claros conflictos de intereses entre sí. Sin embargo, a todos los promotores les debe interesar que sus proyectos no tengan conflicto con la comunidad a la que desean servir; a los bancos les interesa financiar proyectos rentables y atractivos al mercado; a las empresas constructoras y afines les conviene que sus obras cumplan con las normas establecidas de construcción y seguridad; los arquitectos e ingenieros desean que sus diseños sean funcionales y embellezcan el espacio público y a la vez sean duraderos en el tiempo; a los gobiernos les interesa promover un crecimiento ordenado que promueva la convivencia pacífica entre los asociados y a la vez se genere actividad económica donde aumenten los valores de la propiedad pública y privada; y por último, a los ciudadanos les interesa contar con un desarrollo urbano que asegure la calidad del entorno y la movilidad social para su beneficio.

Es obvio que nuestro desarrollo urbano requiere de una planificación inclusiva y participativa, dejando a un lado la práctica cada vez más común de culpar al otro, o peor, de ignorar las necesidades del otro, lo que nos impide llegar a acuerdos entre las partes. El tráfico inmisericorde, la falta de aceras adecuadas, la carencia de áreas de estacionamiento, el exceso de vehículos circulando por las calles, el transporte público deficiente e insuficiente, la falta de agua en las urbanizaciones, los cortes de energía eléctrica por saturación de las líneas, la acumulación de basura, la ausencia de parques y áreas de recreación son inconvenientes que afectan a promotores, banqueros, constructores, profesionales, funcionarios y ciudadanos por igual, lo que nos lleva a concluir lo sensato para todas las partes generar espacios para dialogar y trabajar de manera comprometida para crear una ciudad de calidad para todos.

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