Panamá y su relación con la OCDE

En el año 2002, bajo la presidencia de Mireya Moscoso, el Gobierno nacional decide enviar una nota de fecha 15 de abril, por intermedio del ministro de Economía, Norberto Delgado, al secretario general de la OCDE, Donald Johnston, informando el compromiso e interés de cooperar con cualquier iniciativa multilateral relativa al tema impositivo, condicionado a que esta se adelantara bajo estrictos parámetros de respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional público, y sobre todo, al principio de la equidad y la no discriminación.

Las condiciones exigidas por Panamá fueron las siguientes: a) El compromiso se daba sin perjuicio de la autonomía de la República de Panamá de aplicar el sistema tributario más adecuado a sus intereses económicos fundamentales, por cuanto la protección de los mismos es materia de seguridad pública; b) No se incluyera a Panama en ninguna lista y que no se nos sometiera a presiones o medidas defensivas en contra nuestra; c) Panamá fuera invitada a participar, en condiciones de igualdad, en las discusiones del Foro Global, o cualquier otro, que traten sobre el diseño de principios internacionalmente aceptados para la implementación de cualquier compromiso; d) El Gobierno de Panamá no tenga la obligación de recaudar impuestos a nombre de Gobiernos o países extranjeros o de establecer procedimientos legales con ese propósito; y que e) Aquellos países que no suscriban compromisos similares o bien no satisfagan los estándares estarán sujetos a un marco coordinado de medidas defensivas. Vale la pena indicar que ninguna de estas condiciones fue aceptada por la OCDE y Panamá decidió hacer una revisión de su legislación de manera independiente.

Cualquier lista discriminatoria viola el derecho internacional, tanto la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas como la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales de 1969, firmados en La Haya. Por esas razones Panamá mantuvo su posición de no sentarse a negociar bajo amenazas de listas o sanciones y exigir que la cooperación se diera dentro del marco del respecto al Derecho Internacional Público, respetando especialmente el principio de autodeterminación y de igualdad jurídica de los Estados. No es verdad, entonces, que éramos un país ‘rebelde' o un centro financiero ‘pirata'. Simplemente exigíamos, como país independiente, nuestro derecho a diseñar nuestras leyes sin presiones ni amenazas de nadie.

Las presiones hacia Panamá se fueron incrementando llegando a su clímax con los ‘Panama Papers' en el 2016. Desde ese momento, la vicepresidenta y canciller de la República ha venido expresando, tanto local como internacionalmente, el compromiso público de aceptar sin restricciones ni limitaciones todos los cambios que nos viene pidiendo dicho organismo, como en efecto ha sucedido, lo que da a entender que Panamá ha renunciado a lo planteado en la carta el 15 de abril del 2002. Ha renunciado al derecho soberano de diseñar su economía fiscal y financiera de acuerdo a sus intereses.

Con esta renuncia, ya el Poder Público no emana del Pueblo, sino de la OCDE.

En aras de la trasparencia que tanto se cacarea y en vísperas de las elecciones presidenciales, se hace imperativo que Cancillería haga públicas de una vez por todos los compromisos pactados con la OCDE y la Unión Europea. El contenido de la nota que envió la vicepresidenta y canciller y que reemplazó la del ministro Delgado debe ser de conocimiento público.

Por último, los candidatos presidenciales deben confirmar si seguirán con el entreguismo de la administración actual o retomarán el camino de la dignidad nacional. No hay más nada que decir.

ABOGADO