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12 de Aug de 2020

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Jorge Luis Prosperi Ramírez

Columnistas

Transparencia y rendición de cuentas en la lucha contra la COVID-19

El año pasado, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, el secretario general de la ONU, refiriéndose a la necesidad de salvaguardar el desarrollo, la paz y la seguridad, nos recordó que, “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades.

El año pasado, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, el secretario general de la ONU, refiriéndose a la necesidad de salvaguardar el desarrollo, la paz y la seguridad, nos recordó que, “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país es inmune. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 % del producto interior bruto mundial”, y subrayó que, “en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo…”.

Por nuestra parte, el Gobierno panameño reconoce en su Plan Estratégico de Gobierno que, “la corrupción es un cáncer que nos afecta a todos, especialmente, a los más necesitados y está presente tanto en el sector privado como en el público”. Coherente con esa declaración, incluye un acápite destinado especialmente a la “Transparencia y Rendición de Cuentas”, el cual comienza subrayando que, “nos encontramos con un Estado débil, en donde la inseguridad jurídica y la impunidad galopan de la mano, aunado a la institucionalización de la corrupción, desde los cimientos de la estructura gubernamental”. Y llama al “fortalecimiento de los órganos de control y supervisión, para la construcción de un nuevo enfoque, sustentado en principios de ética pública, justicia social, transparencia, justicia y certeza del castigo”.

Nadie en ese momento se imaginaba lo que se nos venía encima en enero de 2020, pero, tanto la declaración de la ONU como el compromiso de nuestro presidente, cobran especial interés ahora que necesitamos de la utilización efectiva y transparente de todos los recursos financieros disponibles para contener esta epidemia que ya acumula más de 50 mil enfermos y le ha quitado la vida a más de mil panameños. Cada uno de nuestros pacientes y sus familiares necesitan que hasta el último centavo de los recursos públicos que se destinan para enfrentar la COVID-19 sea invertido de la mejor forma posible, sin desviación alguna para atender beneficios particulares diferentes del salvamento de vidas, recuperación de la salud, y la recuperación de nuestra maltrecha economía.

Y no digo que en este momento nuestros recursos no se estén gestionando de forma clara; pero, como afirma también el Plan estratégico arriba citado, nuestra historia republicana está plagada de estos antecedentes en los tres poderes del Estado, con clara participación de la empresa privada. A pesar del esfuerzo, es difícil que en un año de gobierno se hayan erradicado totalmente esas prácticas. No hubiera sido posible en condiciones normales, menos en un período afectado inicialmente por las deudas contraídas por administraciones anteriores y, en la segunda mitad del primer año de mandato, por la lucha contra el enemigo desconocido que tocó a nuestras puertas.

En este contexto mi artículo tiene el propósito de invitarlos a participar responsablemente en el control social de la gestión de nuestro Gobierno. No es la hora de la crítica destructiva, limitándonos a difundir falsas noticias y juicios de valor en las redes y medios. Pero tampoco es la hora de la complacencia sin la necesaria crítica constructiva. Y estoy seguro de que nuestro primer mandatario espera justamente eso de nosotros, pues se están invirtiendo cientos de millones de balboas en esta lucha. Se necesita que los empresarios, gremios, sociedad civil y ciudadanía en general participen en el control de la contratación pública, para que esta se realice de manera diáfana, y buscando el mayor beneficio colectivo.

Para hacer efectiva esa rendición de cuentas, así como nuestra participación, el Gobierno instaló hace una semana la “Mesa Conjunta Interinstitucional de Compras Minsa/CSS”. La Mesa facilitará la apertura del sector público a la divulgación de información acerca del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de malversación de nuestros recursos. Por su parte, la población espera que esta Mesa agilice los procesos de compra de medicamentos, equipos e insumos; y que trabaje de forma conjunta y coordinada para que los diferentes proveedores se vean obligados a ofrecer sus productos para un solo comprador, el sistema unificado de salud representado en esta Mesa; cerrando el espacio para la oferta segmentada de condiciones y precios a cada institución por separado, lo cual favorece la especulación y los negociados.

Hago votos porque el cumplimiento de la promesa de una contratación pública transparente, que busque el mayor beneficio colectivo; contribuya a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y permita avanzar juntos en esta lucha. Por nuestra parte, deberemos vencer la cómoda apatía, y participar informados, en el control de la gestión de los procesos que se lleven a cabo.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).