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13 de May de 2021

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Nelva Reyes B.

Columnistas

Por una educación pública, gratuita y de calidad

“Las consecuencias de la situación educativa de miles de estudiantes que van a desertar del sistema, por no tener las condiciones, traerán niveles de violencia e inseguridad quintuplicando los existentes”

El pasado 22 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cumplía 110 años de su inauguración. La UNAM fue resultado del proyecto impulsado por Justo Sierra Méndez, proyecto que ha dejado el legado de ser una universidad reconocida como una de las tres mejores de Iberoamérica y una de las cien más prestigiosas del mundo, por ser una entidad académica de vanguardia, en donde -como lo dice la Gaceta UNAM- se debaten ideas, se realizan investigaciones y propuestas de solución a las diversas problemáticas que enfrentan México y el mundo.

Al mismo tiempo se dio inicio al “Primer Congreso Mundial en Defensa de la Escuela Pública y contra el Neoliberalismo Educativo”. En este Congreso participaron, de manera virtual, 500 ponentes de la academia y de la investigación en educación. El evento contó con más de 18 mil oyentes de una veintena de países de América Latina. El equipo coordinador del Congreso estuvo integrado por los doctores Luis Bonilla, Claudia Baigorria, Pedro Hernández, Fernando Abrego y una decena de profesionales de la educación.

Las principales preocupaciones expresadas eran: la situación de la educación del presente y de la pospandemia ante el asedio neoliberal a la educación pública; la importancia de la organización, ya sea por medio del gremio o sindicatos democráticos; y la necesidad de la transformación educativa, la pedagogía crítica, la educación popular, la defensa de la educación pública, el papel de las universidades, entre otros.

Fue un Congreso que nutrió nuestro pensamiento y el conocimiento de otras experiencias. Y nos permitió analizar que, pese a la pandemia, el neoliberalismo no se detiene y en casi todos nuestros países vivimos los mismos problemas, dado el mismo modelo económico existente.

En Panamá, tenemos más de 400 mil estudiantes que no se pueden conectar o que la misma es irregular. Muchos hogares no cuentan con luz eléctrica, no tienen los dispositivos, además la situación económica de sus padres y madres, que aún tienen contratos suspendidos, les impide pagar diariamente B/.6.70 cada día para la data.

Hacemos un llamado al presidente de la República, quien le ha dado mil millones de balboas “para estabilizar la banca”, ha aprobado la Ley 159 que exonera a las empresas transnacionales de manufactura (EMMA), del pago de impuestos e incluso, pese a la situación de la Caja del Seguro Social, no se les obliga a pagar la cuota obrero-patronal para sus trabajadores y trabajadoras. Hoy tienen un anteproyecto de Ley que su artículo n°. 1 dice: “Se concede un período de moratoria de 24 meses para el pago de las cuotas empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la Caja de Seguro Social en este concepto, así como el pago de la prima de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas a la Caja del Seguro Social, que se encuentren morosas a la entrada en vigor de esta Ley”. Y se le pretende dar a quienes negocian con la educación un apoyo a las escuelas particulares. Le pregunto: ¿cuándo va a mirar a los ochocientos cinco mil estudiantes de escuela públicas del país?

Señor presidente: la coalición integrada por educadores, padres y madres de familia, y la Asociación de Directores, por medio del profesor Alberto Díaz (quien tiene maestría en Administración y Planificación Educativa, Licenciatura en Tecnología Industrial) y el profesor José Cambra, con maestría en Sociología, le expusieron al Meduca cuatro ideas para que las y los estudiantes atendieran las clases, y una de las más viables es “Internet in a box”, ideas que no fueron contempladas hasta el día de hoy.

Las consecuencias de la situación educativa de miles de estudiantes que van a desertar del sistema, por no tener las condiciones, traerán niveles de violencia e inseguridad quintuplicados a las existentes. La educación es un derecho humano, y si las condiciones actuales requieren de conectividad para poder garantizar este derecho, el Estado, en cumplimiento de lo planteado en el artículo 95 de la Constitución Política, debe proporcionar tal conectividad a estudiantes de escuelas públicas, para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

Secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).