Falaz discurso de preservar puestos de trabajo

En comunicado al país, Conusi indica las condiciones desfavorables en que han colocado a los obreros panameños, la política económica neoliberal aplicada por todos los Gobiernos posinvasión y las medidas adoptada por el Gobierno de Laurentino Cortizo frente a la COVID-19. Entre otros señalamientos, presenta cifras alarmantes: “Las proyecciones laborales son caóticas para el pueblo humilde y trabajador. Se espera que el 2020 finalice con un 25 % de desempleos; es decir, unas 531 mil personas y un 62 % de la PEA agrícola y no agrícola en informalidad laboral (alrededor de 900 mil personas). Mayor desempleo e informalidad implica reducción de poder de compra de las familias, menores recaudaciones fiscales y pérdida de bienestar humano”. Este desempleo afectará más a los jóvenes y a las mujeres. En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias; a medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran (en la reapertura del año escolar, 200 mil niños/jóvenes de escuelas oficiales no han sido contactados) y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar.

Conusi pone de manifiesto que “En medio del coronavirus, se ha emitido un conjunto de normas laborales, como los decretos ejecutivos 81 y 101 y la Ley 157, que permite la suspensión de los contratos de trabajo (a principios de septiembre, unos 281 mil contratos fueron suspendidos) y no pago de salarios. Medidas que el Gobierno justificó bajo el falaz discurso de preservar los puestos de trabajo”.

El llamado “retorno económico” no está garantizando el reintegro de toda la fuerza de trabajo, cifras oficiales dan cuenta de unos 200 mil contratos que aún permanecen suspendidos. Aproximadamente 51 mil contratos han sido reactivados, la mayoría en situaciones que desmejoran las condiciones laborales de los trabajadores.

Denuncia Conusi que “La reapertura económica de la que habla el Gobierno, no es más que la apertura de empresas, con disminución significativa de derechos laborales y sin mayor control de las normas de bioseguridad. Las empresas están gestando procesos de reapertura con menos personal, jornadas laborales reducidas, reducción salarial, disminución del poder adquisitivo, no prestaciones de seguridad social. Es el empresario quien define quienes se incorporan, y no reconocimiento efectivo de derechos adquiridos antes de la COVID-19. Es decir, se aprovechan del coronavirus, para imponer sus viejas aspiraciones de disminuir los costos laborales, a pesar del rescate empresarial desde el Estado, cuyo costo es cargado por los trabajadores que somos los que pagamos impuestos. Todo ello, con el aval del Gobierno neoliberal empresarial de Laurentino Cortizo”.

Otra denuncia pone de relieve las nuevas violaciones de los derechos de los trabajadores. “Por ejemplo, grandes cadenas de supermercados, que han obtenido ganancias extraordinarias durante la pandemia, están despidiendo trabajadores de manera ilegal, disfrazándolo con la figura de “acuerdos mutuos”; otros, despiden a los trabajadores y los están recontratando con salarios menores. Igualmente, a pesar de lo que establecen algunas normativas, de la obligatoriedad de las empresas en reportar mensualmente los contratos que se mantienen suspendidos, de lo contrario debe reintegrarse y pagar salarios a los trabajadores, pero la patronal está haciendo caso omiso, ante un Mitradel ineficaz”.

Como se ve, los decretos y leyes que ha emitido el Gobierno, en materia laboral, jamás han estado en función de preservar puestos de trabajo, como alegaba Mitradel, su intención siempre fue favorecer los apetitos voraces de la patronal. Mientras tanto, deja en el limbo a decenas de miles de trabajadores con contratos suspendidos, sobreviviendo algunos con apenas el llamado bono solidario.

De manera oportuna, Conusi denunció que estas normativas violan y desconocen derechos constitucionales fundamentales, y que generarían nuevos problemas, como en efecto sucede. Ante esta situación, Conusi manifiesta que mantendrá las acciones encaminadas a revertir en todas sus partes, las normativas laborales expedida durante el periodo de la crisis de salud, que implican la pérdida de derechos y beneficios de los trabajadores; esto incluye acciones legales y de movilización, con el objetivo de lograr la derogación de las leyes antiobreras. Igualmente, manifestamos que seguimos reivindicando la necesidad de la aprobación de un subsidio de B/.500.00 para los trabajadores con contratos suspendidos, salarios reducidos y trabajadores informarles.