Panameños con discapacidad: ¡hagamos que cuenten!

La semana pasada, el mundo celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, haciendo un llamado al empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a “no dejar a nadie atrás” y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la discapacidad, específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la recopilación de datos y el seguimiento de los ODS.

En ese sentido, el director de la ONU subrayó que, a medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo pos-COVID-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. No será una meta fácil de alcanzar, pues la epidemia ha causado considerables pérdidas y sufrimiento colectivo. En todo caso, esta visión solo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan.

Para poner en perspectiva la magnitud de la situación, la Organización Mundial de la Salud, nos informó en su último informe que el 15 % de la población, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo, vive con una discapacidad, de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Si aplicamos estos porcentajes a Panamá, estimamos que tenemos más de 600 000 panameños con discapacidad y es muy probable que esos panameños y panameñas sean objeto de estigma, discriminación, y enfrenten barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida.

Por su parte Naciones Unidas nos recuerda que las personas con discapacidad son la “minoría más amplia del mundo”. Suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. Agrega Naciones Unidas que, está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.

A pesar de ello, hasta ahora, nuestros Gobiernos no han demostrado suficiente voluntad política de atender las necesidades de estos panameños con discapacidad, limitándose a dejarlos atrás, como lo demuestra la ausencia de información actualizada sobre la situación de la discapacidad en el país; haciendo, por tanto, invisibles a las personas que padecen alguna discapacidad. Recordemos que la encuesta anterior data de hace 15 años y en ese entonces se identificaron cerca de 400 000 panameños con discapacidad.

Estamos pendientes de una segunda Encuesta Nacional, que proporcione datos rigurosos y comparables sobre las características de la discapacidad en el país; como la prevalencia, los problemas de salud asociados a la discapacidad, el uso y necesidad de servicios, la calidad de vida, las oportunidades y las necesidades de rehabilitación; así como pruebas objetivas sobre los programas que funcionan, dificultan la comprensión e impiden que se adopten medidas. Solo basados en esa información, podremos mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos discapacitantes y proporcionar servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad.

En lo que respecta a la “salud inclusiva para las personas con discapacidad”, es obligatorio preguntarnos, como propusimos hace dos años, si ¿son inclusivos nuestros servicios de salud?; pues, las personas con discapacidades pueden experimentar mayores barreras para acceder a la atención médica en comparación con las personas sin discapacidades. Como consecuencia, las personas con discapacidades experimentan más problemas de salud, tienen comportamientos de mayor riesgo y tienen una esperanza de vida reducida en comparación con las que no tienen. Todas las personas tienen derecho a la salud, incluidas las personas con discapacidad. Para lograr la salud para todos, debemos asegurarnos de que las personas con discapacidades sean consideradas al planificar y prestar servicios de salud.

Pero también es importante reconocer que, al inicio de su gestión, el presidente de la República manifestó su compromiso con las personas con discapacidad, comenzando por firmar la reglamentación de la Ley 15 de 2016, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, a la vez que reiteró el compromiso gubernamental con ejecutar políticas públicas relativas a la mujer, la niñez, la juventud, los adultos mayores, y, como prioridad, a las personas con discapacidad. Nos toca a los panameños darle seguimiento a este compromiso y asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo pos-COVID-19.