Derechos humanos en pandemia

Los Derechos Humanos en Panamá vienen siendo vulnerados en todos sus órdenes: político, económico, social, cultural y ambiental. La mayoría de los panameños está indefensa frente a las acciones de políticas públicas que se ejecutan. En medio de la pandemia, el poder económico, a través del Gobierno, ha impuesto medidas inconsultas que atentan contra los derechos humanos, en especial el de la vida digna; sin embargo, se favorece exorbitantemente a las grandes empresas, al exonerarla de una serie de contribuciones que debería percibir el Estado para atender las demandas sociales.

Otra infracción a los derechos humanos es la ineficiente prestación del servicio en materia de salud. Las muertes, a causa de la COVID-19, son producto, entre otras cosas, de la política de salud neoliberal que ha caminado en desmantelar el sistema de salud pública. Ya son más de 3264 fallecidos, pero dicen que lo importante es rescatar empresas. Trabajadores de la salud, desgastados ante la ardua faena, quienes se exponen al riesgo de adquirir el coronavirus, al no contar con los implementos necesarios para su protección, sin insumos para brindar un servicio eficaz y a quienes se les adeudan salarios y pago de horas extras, viéndose obligados a realizar acciones en todo el país para exigir que se preste adecuadamente el servicio. A pesar del fracaso del modelo de la “salud como mercancía”, Gobierno y empresarios insisten en seguir esta lógica para favorecer a grupos vinculados a la industria de la salud.

En educación, desborda el incumplimiento de los derechos humanos. A pesar de los discursos de la ministra, no se puede ocultar la realidad: más 200 mil estudiantes fuera del proceso educativo. En vivienda, pretenden eliminar el decreto que prohíbe en pandemia los desalojos de viviendas por moratoria. Se preparan para privatizar el agua, al colocarla como mercancía y no como derecho.

En lo laboral, desde el primer día de declarada la COVID-19, se imponen medidas violatorias al derecho al trabajo y el salario. El Gobierno anunció que extenderá por seis meses más los contratos suspendidos, lo que significa ausencia de salario y prestaciones; con lo que se condena a las familias a padecer hambre y necesidades.

La inequidad social es resultado de la violación de los derechos humanos en este país. Segundo país “más rico de América Latina”, “segundo país con peor distribución de la riqueza”.

Como si fuera poco, una de las instancias pública que debe garantizar la defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, es prácticamente invisible.

La constante violación de los derechos humanos se refleja, además, en una permanente corrupción e impunidad, en el aumento de la violencia institucional, en la descomposición del sistema de administración de justicia, que produce la indefensión de los sectores que claman justicia.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son el producto real de la violencia de la racionalidad moderna y de su modelo económico neoliberal. En esa realidad, los derechos humanos son desmantelado para dar vigencia plena al mercado.

El neoliberalismo se ha enfrentado con la organización de la economía, en términos de la satisfacción de las necesidades humanas en el largo período de su vigencia (finales de la década del setenta a la fecha), igualmente, sus protagonistas principales, las empresas multinacionales, el capital local y los Gobiernos han tejido una tupida red de corrupción. El modelo económico de libre mercado ha provocado una ruptura con la propuesta de justicia social y de los derechos económicos, sociales y culturales.

En este escenario debemos tomar conciencia de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas. Que se cumpla con estos preceptos, demanda capacidad de organización y movilización que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.