Impacto ambiental del 2016

2016 ha sido desastroso para nuestro país, porque el crimen ambiental y sus graves impactos negativos han imperado con plena impunidad, sin que las autoridades cumplan con su deber de respetar los principios y normas ambientales y perseguir el delito ambiental, debido a que se encuentran totalmente entregadas al sistema corrupto, que es fácil presa del poder económico.

Como prueba de lo afirmado, tenemos que en la parte física y ecológica del ambiente, a pesar de las denuncias penales que con las comunidades hemos interpuesto, igualmente se han instalado tres nuevos megamotores a Bunker en la termoeléctrica de La Chorrera, nuevas canteras en el Alto Chagres, donde está la toma de agua de Panamá y Colón, se han adelantado proyectos de edificaciones ilícitas en la ciudad y la ACP ha continuado con sus reiterados crímenes otorgando compatibilidad a proyectos ilícitos a lo largo del Canal y ahora el puerto de Corozal, sin el menor respeto de las comunidades y otra serie de crímenes ambientales, entre ellos hidroeléctricas y minería, así como modificaciones ilícitas al parque Camino de Cruces, en contra de las normas ambientales, nacionales e internacionales vigentes.

Pero es la parte social del ambiente, con el sistema político irracional y anticientífico que tenemos, la que más ha impactado negativamente a los panameños y el país, con numerosos actos de corrupción y daños, que atentan contra nuestra calidad de vida, el patrimonio de los panameños tanto a nivel público como privado, la salud, la educación, la alimentación, las condiciones y ambiente de trabajo y la seguridad de la vida misma de los ciudadanos, desatando hasta persecución contra los activistas ambientales, que son denunciados y hasta amenazados en su integridad física, lo que es absurdo, en un país muy rico, pero con un altísimo nivel de desigualdad.

La causa principal de los graves daños ambientales que estamos sufriendo los panameños, se encuentra en el sistema actual, centralizado de poder del Estado, que se pliega al poder económico y por ende a la corrupción, donde no existe transparencia alguna, por ello necesitamos un cambio sistémico, mediante una CONSTITUYENTE que permita establecer un sistema donde la toma de decisiones en todos los asuntos del Estado sea mayoritariamente de los legítimos representantes de los ciudadanos, sus organizaciones e instituciones científicas permanentes y que los miembros del poder Ejecutivo se dediquen a ejecutar, pero no a decidir, para eliminar la corrupción actual.

Por lo expresado, esta situación seguirá en el 2017, por ello, conjuntamente con gran cantidad de asociaciones y gremios nacionales, convocamos a todas las fuerzas vivas de nuestra nación a rechazar la conducta criminal ambiental que hasta ahora se evidencia en nuestras autoridades, denunciando a los culpables de corrupción y exigiendo justicia, pero sobre todo, unificarnos en una fuerza nacional por una Constituyente, dirigida al respeto de la vida digna de los ciudadanos y la dimensión ambiental, esencia de todo lo que existe.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO AMBIENTAL.