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16 de May de 2021

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Jorge Luis Prosperi Ramírez

Columnistas

Los políticos que necesitamos

“[…] deberemos superar las barreras ideológicas que nos impiden ponernos de acuerdo y desarrollar la participación inclusiva necesaria para el efectivo control social de la gestión de los políticos”

Preocupado por el complejo panorama político que vivimos en los últimos tiempos, en el cual parece clara la lucha por los espacios de poder a lo interno del Gobierno, y dejaron de ser infrecuentes las denuncias sobre clientelismo y posible corrupción, lo cual opaca el buen quehacer de la mayoría de nuestras instituciones; decidí dedicarle esta entrega a reflexionar sobre los políticos que necesitamos y preguntarme si ocupan las posiciones donde se deben formular opciones viables para garantizar el bien común de la ciudadanía y el fortalecimiento de la Nación.

De entrada, tengamos claro que quienes ocupan los cargos públicos, ya sea por un nombramiento o por elección popular, son políticos. La mayoría de ellos están afiliados a un partido político, en este caso el partido en el Gobierno y, principalmente por esa razón, ostentan algún cargo público, o fueron electos en las pasadas elecciones. Lo cual, en ninguno de los dos casos significa que el 100 % de los panameños los escogimos, pero lo aceptamos y lo apoyamos, porque es la esencia de la Democracia que respetamos, y confiamos en que los procesos de selección garanticen que los nombrados posean la idoneidad para el cargo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico considera a los políticos elegidos o nombrados, como representantes de todos los ciudadanos, y responsables por el mantenimiento, la gestión, y la administración de los recursos públicos. Lo más importante es que, ese político, nombrado en el Gabinete, o electo para ser diputado a la Asamblea Nacional, posea las competencias y vele por el interés general de los ciudadanos, el bien común, y se mantenga dentro de una ética profesional de servicio al pueblo y no hacia sí mismo.

En ese contexto, los políticos que necesitamos deben poseer los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado. Por ende, es obligatorio comenzar nuestro ejercicio preguntándonos: ¿Han estado presentes la probidad, equidad y eficiencia en las administraciones de los últimos quinquenios? La respuesta no es fácil. No basta con afirmar cómodamente que “todo ha estado y está mal”. No es cierto, hay en el presente y hubo en el pasado, muchos ejemplos del buen Gobierno que queremos.

En todo caso, los políticos que queremos, deben ser hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados. Caracterizados por un actuar apegado siempre a los principios y valores de probidad. Fundamental es que su gestión se caracterice por la búsqueda de la equidad en la distribución de la riqueza nacional, lo cual no es nada fácil en un país reconocido como uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. Finalmente, y no por eso menos importante, el desempeño de ese político que ocupa cargos públicos o es un diputado electo, debe ser eficiente y eficaz en la administración de los billones de dólares que están a disposición de nuestros gobernantes para alcanzar ese necesario bien común.

Entones, ¿qué tenemos que hacer? El objetivo debe ser recuperar la ética de servicio público en sus dos dimensiones interdependientes: probidad y privilegiar el interés público, sobre el interés corporativo y el patrimonialismo. Para eso será necesario, entre otras cosas, la creación de un servicio civil sólido para todas las instituciones del Estado; la integración de juntas directivas con miembros no corporativos, que aporten competencias afines a cada institución; la creación de estándares de gestión, para asegurar la eficiencia de las instituciones públicas y privadas. En esencia, se trata de inducir comportamientos responsables por parte del funcionario, y sistemas que privilegien la equidad con su complemento, la eficiencia transparente.

El quehacer de los políticos que necesitamos está claramente delineado en el actual Plan Estratégico de Gobierno, cuando incorpora como compromiso “actuar uniendo fuerzas, convocando a los panameños y lograr consensos para avanzar en esta compleja etapa de la vida nacional. Nuestro Gobierno tendrá una conducta vertical contra la corrupción. Se caracterizará por la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, devolviéndole a los panameños la confianza en las instituciones”, y agrega con claridad meridiana que, “el Buen Gobierno aspira a mejorar los servicios públicos con eficiencia, calidad y que la población sea atendida adecuadamente. El Gobierno tiene que ser útil a todos los panameños. Las instituciones volverán a funcionar. La justicia tiene que actuar y no ocultar. No puede haber intocables, privilegiados ni impunes. La ética y la moral son los valores que guiarán la gestión pública de todos los funcionarios de nuestro Gobierno”.

Nos toca a los panameños, que ese sea el norte que oriente de manera permanente la gestión pública y que no se pierda el rumbo trazado al inicio de la gestión. Para ello deberemos superar las barreras ideológicas que nos impiden ponernos de acuerdo y desarrollar la participación inclusiva necesaria para el efectivo control social de la gestión de los políticos.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).