Trabajadores, crisis y salario mínimo

En 1959 se logró el establecimiento de la Ley de Salario Mínimo en Panamá, producto de la lucha. En dicha ley se definió la revisión periódica del mismo, así como su institucionalidad legal. En 1960 se establece el primer salario mínimo, en estos 59 años (1960-2019), correspondían 19 ajustes de salario mínimo; sin embargo, de 1960 a 1970, de 1974 a 1979 y de 1983 a 1993 (25 años que equivalen a 12 periodos), no se revisó el salario mínimo, favoreciendo con ello al sector empresarial. En medio de ello, el costo de vida sigue incrementándose, precarizando las condiciones de vida de los trabajadores.

A pesar de que las normativas (Constitución y Código de Trabajo) establecen que el salario mínimo debe cubrir las necesidades materiales del trabajador y su familia y propender a una vida decorosa, los ajustes de salario mínimo alcanzados nunca se han correspondido con el costo de la canasta básica de alimentos, y menos con la canasta básica ampliada. Aquí también los trabajadores son los desfavorecidos de las políticas públicas.

La legislación es para los próximos dos años, la definición del ajuste, que, en la mayoría de los casos, la han impuesto los Gobiernos, considera la pérdida del poder de compra de los salarios en los años anteriores, con el agravante de que nunca el ajuste cubre la totalidad de la pérdida. Siendo así, el trabajador históricamente carga un rezago y, si a ello le sumamos el incremento de los precios mientras dura el ajuste, el resultado es que, durante todo ese tiempo, el trabajador vive con un poder adquisitivo disminuido. Al no compensarse la pérdida del poder de compra de los salarios, aumenta la brecha entre salario mínimo y costo de la canasta básica familiar.

En definitiva, todos los preceptos sobre el salario mínimo han sido violentados, incluso por quien debe hacerlos valer: el Gobierno. Este año corresponde la revisión del salario mínimo, tal como establece la normativa, como es de costumbre, la patronal argumenta que “no son posibles aumentos salariales, porque se ponen en peligro los puestos de trabajo”, discurso que mantiene tanto en los periodos de auge económico como en los momentos de crisis. Haciéndose eco de ello, este Gobierno, que responde a los intereses de los grupos de poder económico, manifestó que “… dados los efectos de la pandemia no existía un panorama favorable para aumentar el salario mínimo”, “un eventual ajuste se revisa en una mesa tripartita, según las actividades económicas, y estas han sufrido un impacto por la pandemia de la COVID-19” (Doris Zapata, ministra de Trabajo). De todos los criterios que deben considerarse para la revisión, la ministra solo alude al de las empresas, ¿acaso desconoce que el peso de la pandemia lo está cargando el pueblo humilde y trabajador?, ¿desconoce acaso que algunas empresas nunca cerraron, pero sí aprovecharon la pandemia para despedir o modificar las condiciones de trabajo?, ¿que en medio de la pandemia algunos sectores y actividades económicas percibieron ganancias extraordinarias?, ¿ignora que el aumento de los precios es tan abismal que el 100 % de los 37 salarios mínimos que existen en el país no cubre el costo de la canasta de necesidades básicas?

A la fecha, el Gobierno está violentando las normas sobre el salario mínimo, al no convocar a la Comisión Nacional. Igualmente advertimos que constituye un irrespeto a la clase trabajadora el convocar la Comisión para inmediatamente cerrarla, bajo los argumentos empresariales.

El salario que reciben los trabajadores debe ser suficiente para asegurarles, a ellos y a sus familias, las condiciones necesarias para una existencia decorosa y para su reproducción, no solo para sobrevivir.

Un incremento del salario mínimo favorecería la recuperación del consumo interno y, por tanto, de la economía de Panamá. Si aumentan los salarios, aumenta la capacidad de consumo, lo que estimula la producción y la inversión, y con ello se permite generar empleo.