Medicamentos y Pacto Bicentenario

El acceso universal a medicamentos es uno de los pilares de la Cobertura Universal de Salud y debe ser posible para todos los panameños, sin distingo alguno. Lamentablemente, ese no el caso en nuestro país, porque el sistema público de salud no ha sido capaz de garantizar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o laboral, el acceso efectivo, gratuito y continuo a servicios de salud con calidad y, por ende, a los medicamentos necesarios para recuperar la salud.

En tal sentido, fueron frecuentes, en la plataforma Ágora del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, las quejas de la población por la falta de medicinas en las instituciones públicas y el elevado costo en las farmacias. A pesar de contar con los recursos financieros públicos suficientes, no nos ha quedado más remedio a los panameños que pagar de nuestro bolsillo los medicamentos que necesitamos, las cuales, dicho sea de paso, en Panamá son más costosos que en la mayoría de los países vecinos, lo que le representa a la ciudadanía, de acuerdo con una estimación del 30 % del gasto total, una erogación cercana a los 120 millones de balboas cada año. No me cabe duda de que esta erogación “directa” ha afectado la economía de muchas familias, limitando su desarrollo y en no pocos casos generando pobreza. En ese contexto, le dedico el resto de esta glosa a compartir con mayores detalles los acuerdos alcanzados por la Comisión de Salud del Pacto Bicentenario.

Para comenzar, los acuerdos sobre medicamentos ponen de relieve la necesidad de Mejorar el Marco Legal regulatorio, comenzando por la redacción de una ley única de compras de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos y afines, reactivos y otras tecnologías sanitarias. Esta nueva legislación debe recoger lo mejor de las leyes 1, 51, 22 y decretos; debe permitir: compras expeditas con todas las normas y garantías de calidad, seguridad, eficiencia, eficacia y efectividad de estos, así como la compra directa a nacionales o internacionales en caso de desabastecimiento crítico. Por otro lado, debe incluir penalizaciones a los proveedores que incumplan sus compromisos de entrega, aplicando un sistema similar a la ACP y, no menos importante, definir y respetar la carrera administrativa de los funcionarios capacitados en los procesos concernientes a la Cadena Logística de Abastecimiento, para evitar la movilidad horizontal y el clientelismo como credencial de entrada al sistema.

Para suplir aquellos renglones permanentemente desabastecidos, los acuerdos recomiendan la firma de convenios con agencias de las Naciones Unidas expertas en compras internacionales, o bien, aprovechar nuestro posicionamiento estratégico en el continente para llamar a licitaciones internacionales, para compras directas en el exterior, como el primer paso a una solución expedita al desabastecimiento, manteniendo los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, eficacia y efectividad. Lógicamente que cualquier convenio debe acompañarse de la asesoría necesaria para la formación de las competencias del RRHH de nuestras instituciones públicas y dejar establecida una cultura de buenas prácticas en todos los procesos de la Cadena Logística de Abastecimiento.

No menos importante será la necesidad de optimizar la atención de las farmacias estatales. A partir de la evaluación de las localizaciones y horarios de las farmacias, determinar la necesidad de incrementar los puntos de entrega de medicamentos en los sitios que haga falta; extender el horario de atención de las farmacias en instalaciones de la CSS y Minsa hasta las 7 p. m., y 24 horas, donde haya cuartos de urgencia; establecer farmacias de la CSS en instalaciones del Minsa en las áreas donde no hay instalaciones de la CSS y si hay asegurados y; promover el desarrollo de Farmacias Comunitarias que garanticen precios de medicamentos más bajos a la población.

Los acuerdos también demandan el fortalecimiento de la IEA y Farmacovigilancia para vigilar y garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos usados en Panamá. En especial se señala que, las instituciones públicas deben realizar compras de medicamentos con eficacia terapéutica comprobada, con la calidad, intercambiabilidad debidamente sustentada (estudios de bioequivalencia) y la seguridad necesaria para el tratamiento de la enfermedad.

Para poder garantizar la calidad y seguridad absoluta de los medicamentos que se utilizan en el territorio nacional, estos deben ser sometidos al análisis de su composición al momento del registro sanitario (de manera ágil y oportuna); y con control posterior a su distribución y comercialización: con muestras al azar de un lote cualquiera al llegar al puerto y luego aleatoriamente durante la vigencia de su Registro Sanitario, salvo aquellos que sean registrados por la vía abreviada.

Finalmente, los acuerdos proponen incentivar la fabricación nacional de medicamentos, tomando en cuenta las recomendaciones de los estudios especializados existentes para crear incentivos fiscales u otros (con compromiso de resultados), e introducir al país tecnología de punta que permita fabricar medicamentos con calidad, seguridad, eficiencia, eficacia, y efectividad.

Para concluir, hago votos porque estos acuerdos se conviertan en lineamientos de política de Estado, que contribuyan a asegurar la disponibilidad de medicamentos en el país en todo momento, en las formas y cantidades necesarias y a precios asequibles.