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25 de Jun de 2022

Columnistas

Crisis institucional y política

El deterioro de la institucionalidad comenzó hace varios lustros, pero se agudizó durante el gobierno de Ricardo Martinelli, siguió cuesta abajo en el de Juan C. Varela y ha llegado a su clímax bajo el actual gobierno

La estructura orgánica que conforma el Estado entró en crisis hace años, desde que su clase política comenzó a imponer el sistema clientelista que aplican hoy día todos los partidos políticos tradicionales. Esta crisis, impulsada por políticos que se han distanciado de los principios democráticos, afecta casi por igual a todos los órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La excepción es la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), única institución sólida del Estado panameño, la cual – reconocido a nivel mundial – es manejada por panameños con ejemplar eficiencia y transparencia. Ello porque, gracias al esfuerzo conjunto de la Sociedad Civil y los gremios canaleros, y el apoyo de los políticos de la época, en la década de los '90 se creó esta agencia por vía Constitucional (ACP), dotándola de autonomía administrativa y financiera para protegerla de la influencia político-partidista.

Pero, cabe decirlo, ni siquiera la ACP ha escapado de intentos de los políticos de invadir su autonomía. Ello ha ocurrido al menos en dos ocasiones, cuando su proyecto de presupuesto ha pasado por el trámite de rigor en la Asamblea Nacional. A pesar de que el Título Constitucional (Art. 320) limita el rol de la Asamblea al “examen, aprobación o rechazo” del presupuesto sometido por la ACP a través del Gabinete, la Comisión de Presupuesto ha intentado modificarlo para aumentar los aportes al Estado, que en 2021 rebasaron los $2,000 millones.

El deterioro de la institucionalidad comenzó hace varios lustros, pero se agudizó durante el gobierno de Ricardo Martinelli, siguió cuesta abajo en el de Juan C. Varela y ha llegado a su clímax bajo el actual gobierno. Este ha terminado subordinado a la Asamblea Nacional bajo un esquema de chantaje y extorsión, que ha llevado a esta a disfrutar de un jugoso presupuesto de $143 millones en 2022, que permite a los diputados de la élite financiar sus campañas con fondos públicos (clientelismo).

Bajo el gobierno de Varela, el contralor, Federico Humbert, hizo una auditoría de más de $319 millones asignados a la Asamblea, descubriendo que más de $270 millones gastados carecían de facturas fiscales, no tenían sustento legal, estaban sustentados en facturas falsas o carecían de factura. Nada ocurrió, pues la Corte Suprema de Justicia, entidad responsable de investigarlos, no cumplió su función.

Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la crisis institucional ha adquirido tal gravedad que ningún partido político tradicional tiene capacidad para resolverla desde sus raíces (una moderna Constitución). Es más, el gobierno ha aprovechad la pandemia para fortalecer el clientelismo, disfrazándolo de una mal llamada “solidaridad”. Y es que las cúpulas de esos partidos están controladas por políticos involucrados, directa o indirectamente, en actos de corrupción. Y no pocos de sus dirigentes tienen vínculos con el crimen organizado. Además, el presidente transformó en letra muerta su promesa de tener “una conducta vertical contra la corrupción” y de que en su gobierno no habrá “intocables, privilegiados ni impunes”.

Lo grave del clientelismo que toma fuerza de cara a las próximas elecciones, es que los ciudadanos que votan por políticos corruptos terminan siendo víctimas de estos. ¿Cómo? Gran parte de los fondos que deben dedicarse a satisfacer las necesidades de las poblaciones, terminan en las cuentas bancarias de esos políticos. Y en protesta, los ciudadanos afectados – en lugar de retirarle su apoyo a esos políticos -, terminan cerrando vías públicas, perjudicando a personas que nada han tenido que ver con sus males. Esos panameños deben tomar conciencia de quiénes son los culpables de que no cuenten con obras y servicios públicos esenciales.

Las elecciones de 2024 enfrentarán de forma decisiva a dos corrientes: la de los políticos tradicionales versus la encabezada por los independientes y políticos ajenos a la corrupción. Los primeros intentarán a toda costa mantener el status quo. Los independientes y el Movimiento Otro Camino proponen refundar la República.

La única fórmula viable para superar la crisis institucional la brindó el famoso cantautor y abogado panameño, Rubén Blades. Tras aclarar que no será candidato independiente en 2024, Blades abrazó la propuesta del recién creado Movimiento Otro Camino (Moca), bajo el liderazgo de Ricardo Lombana. “Todos los independientes deberíamos cerrar filas alrededor de una sola candidatura presidencial en el 2024, quien quiera que sea el designado/a”, subrayó Blades. “Todos los candidatos/as a diputados/as independientes deberían inscribirse en 'Otro Camino', para poder presentar un frente común y aprovechar las ventajas y protecciones que ofrece la ley electoral”, añadió (www.rubenblades.com, carta Sobre Panamá y la elección del 2024).

Los diputados independientes, liderados por Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, lanzaron el 5 de abril la coalición “Vamos” para promover la participación de independientes con méritos en las elecciones de 2024. Es previsible que estas dos fuerzas trabajen en armonía para derrotar en 2024 a los partidos políticos tradicionales, e iniciar el proceso de refundación del Estado. Ello solo será posible si desarrollan una unidad monolítica a prueba de intrigas, desinformación y campañas sucias.

Periodista