Honor a las y los docentes que luchan

Desde 1860, cuando don Manuel José Hurtado promovía la creación de escuelas, bibliotecas y que las niñas pudiesen estudiar, hubo un proceso de concienciación cuyo objetivo era lograr que padres, madres de familia enviaran a sus hijas e hijos a la escuela. Iniciado el siglo veinte, en su segunda década se logra la coeducación. En la década del 40 con la maestra Sara Sotilla y un equipo de maestras impulsan la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, logrando con ella la estabilidad del docente. Con la Ley 47, el maestro dejó de servir de clientelista para un nombramiento en el sistema educativo.

En cada una de las luchas de las y los trabajadores, ya sea por reivindicaciones propias de los docentes o por mejora de las condiciones de los centros educativos de nuestro país, o por la soberanía nacional, por las condiciones sociales del pueblo panameño, por las libertades democráticas, por mejorar las condiciones sociales, económicas, educativas, por el derecho a la participación como ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. En este quehacer educativo hay muchos educadores que tendríamos que reconocer su aporte como orientadores al personal docente. Solo resaltaré al profesor José Potá, como un docente íntegro, honesto, respetuoso de las opiniones, e ideas de cada uno. La profesora Ada L. de Gordón, orientaba a las y los docentes cuando nos reuníamos en la Escuela República de Venezuela, nos decía “Las y los educadores no deben seguir enseñando la canción de 'La niña Felicidad', ella no podía jugar porque tenía que fregar y así sucesivamente”, todo llevando a que las mujeres debían estar solo en los quehaceres del hogar”.

Las y los docentes han llevado a cabo luchas por la vida de las y los panameños en diversos aspectos, y ello ha contribuido a mejorar las condiciones de los centros educativos, de las y los educadores, de los niños de nuestro país.

Hemos escuchado diversos adjetivos, desvalorizando y descalificando a las y los educadores e indicando el “Cobro sin trabajar”. Quienes así se expresan desconocen la labor que realizamos los educadores. Es no haber vivido la experiencia de tener frente a sí, a 30 o 35 niños donde el 50% no ha desayunado y los que lo han hecho no han tenido un desayuno nutritivo. Es no saber lo que es no contar con agua, o energía eléctrica, es no haber vivido, no contar con el dinero que cubra el transporte para llegar a la escuela, y tendríamos un sinnúmero de situaciones en las cuales hoy viven nuestros estudiantes.

Pero también es desconocer la cantidad de personas que hoy tienen que vivir de la economía informal y no contar con lo mínimo para su sustento, lo que los obliga a no comer y o hacerlo una vez al día. Más de 800 mil personas viven en estas condiciones y de igual manera cerca de 150 mil trabajadores están sin contar con un trabajo. Aunado a esta situación se aumenta el combustible, el costo de vida., los medicamentos suben de manera desproporcionada. Quien es responsable no somos los educadores han sido y es el gobierno nacional, que no ha tomado medidas ni políticas que le garanticen a las y los panameños una vida digna, tal como lo indica la Constitución Política de nuestro país.

Los acuerdos que se han dado producto de la movilización llevada a cabo no podemos dejarla plasmada en acuerdos, sino hacer que se cumplan los mismos.

Entre los acuerdos importantes están: 1. La ampliación de la canasta básica mediante la inclusión de 72 productos de primera necesidad, entre alimentos y artículos de aseo. 2. El combustible se congela el precio de la gasolina a B/.3.25 por galón para todo tipo de maquinaria a motor, excepto yates o embarcaciones de lujo y placer, así como vehículos con placa de gobierno. 3. Se acuerda modificar la regulación sobre transparencia para hacer que la información del abastecimiento sea con reportes reales de manera pública y a través de una plataforma digital, así como escrita y de forma obligatoria. 4. A nivel educativo, se acordó aplicar un incremento gradual de la inversión del PIB en esa materia.

El acuerdo establece que debe producirse con una distribución equitativa que fortalezca la calidad educativa del primer y segundo nivel de enseñanza, hasta alcanzar el 6% del PIB en 2024, de manera que se aumente el 5.5% en el presupuesto de 2023 y a 6.,0% en el 2024. Además, se acordó la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para facilitar la disposición de fondos asignados para la administración de los centros educativos, para que estos sean utilizados de forma más expedita, entre otros. La mesa continúa con los otros puntos. Gracias a todas y todos los que hicieron posible llegar a estos acuerdos, también nos toca hacer que se cumplan.