Cuánta falta hace un Estado democrático participativo

Dentro de pocos días se dará inicio a la entrega formal de 386 mil títulos de propiedad de terrenos donde estarán incluidas unas 16,200 familias con aproximadamente 683 mil hectáreas de superficie agraria, confiscada a los narcotraficantes. ¿Les resulta un sueño esto en Panamá? La verdad que sí. Porque esto no ocurre aquí, sino en nuestra vecina Colombia. Efectivamente, nos gustaría ver el día en que una cantidad, al menos proporcionalmente grande como esa, pudiese verse beneficiada, con lo que ha representado una aspiración de larga data en materia de titulación de sus pequeñas propiedades en áreas supuestamente protegidas, en sitios que han representado fronteras agrícolas de hace varias décadas y que sus pobladores aún no han alcanzado a obtenerlas. Aunque, particularmente, nos gustaría ver que esto ocurriese en el distrito de Donoso y su distrito vecino Omar Torrijos, porque lo que se observa es otra cosa diametralmente distinta.

En esta zona de la Costa Abajo de Colón, la población vive dentro de linderos de un territorio que había sido declarado como “protegido”, estando muchos de sus habitantes establecidos con antelación a la creación de dicho “parque natural” y buena cantidad de estos, con predios empleados para su subsistencia.

El régimen de protección imponía la imposibilidad de hacer transacciones comerciales, invertir en sus pequeñas fincas, etc. lo que ha mantenido a varios miles de hogares en la incertidumbre jurídica. Los especialistas en Derecho agrario destacan que existen figuras legales que han podido ser empleadas para que los campesinos de esta zona tengan la posibilidad de hacer transacciones mercantiles con su producción. A contrapelo, las autoridades de este y anteriores gobiernos han coincidido en algo: en dificultarles la obtención de sus títulos de propiedad. Esto contrasta con el hecho de que en 2014 —gobierno Panameñista— fue autorizada por MiAmbiente la segregación de un terreno y el 18 de enero de 2022-gobierno PRD-este se consumó por ANATI (Institución que otorga los títulos de propiedad) un título de propiedad de 12.83 hectáreas en el corregimiento Miguel de la Borda, a uno de los conocidos magnates de la provincia de Colón. Cabe preguntarse aquí ¿Por qué, en la misma “área natural protegida”, mientras a los campesinos les han impedido alguna forma de titulación de sus predios de producción, si se les otorga a los que tienen gran poder económico?

El capítulo más reciente de esta tragicomedia, tiene que ver con lo que se puede convertir en una caja de pandora, toda vez que el Ejecutivo, a través de MiAmbiente decidió de un “plumazo”, convertir en objeto de compra-venta, si prefiere decirse, en mercancía, la superficie territorial de poco más de 93 mil hectáreas de esa “área protegida”. La medida debió estar antecedida por un barrido catastral para saber quiénes poseían, qué cosa, dónde y con cuánta extensión. El Ejecutivo lo obvió. Lo cual lleva a una titulación masiva solamente de los predios donde la gente tiene sus viviendas y no donde la gente tiene sus medios de subsistencias, eso que los campesinos denominan “los trabajaderos”. ¿De qué vale poseer una residencia si no tienes el medio con que mantenerla? Esto equivale a mantener a estos campesinos en el círculo de la pobreza.

La principal organización campesina de la Costa Abajo colonense, incluyendo la parte que hoy pertenece al distrito creado para beneficio de los intereses de la transnacional minera que controla el área occidental del parque natural, tenía propuestas de cómo hacer un uso ambientalmente viable, sin necesidad de convertir esas tierras en mercancía y manteniendo el carácter de área natural protegida. Esto es, un plan de manejo socio ambiental, donde lo esperado es que las instituciones del Estado lo propusiesen y desarrollasen con estos actores del campo, que tienen la protección de la tierra y sus servicios ecosistémicos en alta estima. Aquí, el Estado-de todos los colores gubernamentales desde 1990- ha brillado por su desprecio hacia la planificación para el desarrollo.

¿Se trata de incapacidad? Así es; solo que no tanto de carácter técnico, sino político. Lo que se observa es un Estado sometido a las reglas del juego impuestas por las élites económicas que no admiten procesos participativos. Esto nos habla de cuánta falta hace tener un Estado democrático, participativo, alcanzable solo si refundamos esta república.