Por una solución soberana y democrática a la crisis con Minera Panamá

Después de 20 años de denuncias sobre ilegalidades y abusos de la empresa First Quantum Minerals, mal llamada Minera Panamá, nos encontramos en un punto crítico, al resultar que las supuestas negociaciones de un nuevo contrato entre el Gobierno encabezado por Laurentino Cortizo y la empresa, no fueron más que una tomadura de pelo de parte de los directivos de dicha compañía canadiense.

Todo en relación con esta minera ha estado mal desde el inicio. Gracias a los manejos corruptos de políticos y partidos que decían representar al Estado panameño, la empresa inició operaciones con un contrato brujo, sin competir en ninguna licitación, con cláusulas abusivas por las que se quedan con las riquezas minerales de la nación pagando unas migajas al país. Gracias al régimen corrupto y antidemocrático que tiene Panamá, muchos de los políticos que le regalaron a esa empresa un contrato, ahora inconstitucional, son los que dicen seguir negociando en nuestro nombre.

Los empresarios canadienses dueños de Minera Panamá han comprendido bien lo que significa el lema del escudo nacional: “Pro Mundi Beneficio”. Haciendo algo de magia es posible que la Asamblea Nacional te apruebe un contrato a todas luces inaceptable; que los magistrados se demoren 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad que, por evidente, debió estar listo al día siguiente de la demanda; que los ministros se demoren dos años en publicar el fallo en la Gaceta para que “no entre en vigencia”; tomarle el pelo al presidente (y teniendo en el gabinete, al menos, un abogado del sector minero) es posible simular una negociación para luego decirles “inocente mariposa”.

Por el camino First Quantum, sin ningún control de autoridades panameñas, que ni pueden entrar a su enclave sin permiso de los gerentes, ha destrozado centenares de hectáreas de bosque para embolsillarse miles de millones de dólares de cobre, y otros minerales, sin pagar a cambio casi nada. Solo para referirnos al último año, según el economista Felipe Argote, la empresa, en 2022, obtuvo una utilidad bruta de 1670 millones de dólares. Sumando la utilidad operativa de 2021 y 2022, las ganancias superan los 2488 millones de dólares. En ese período Panamá recibió CERO CENTAVOS.

Este momento crítico debería ser ideal para que se levantara un gran movimiento nacional para echar del país a First Quantum y su enclave minero. Lamentablemente, cunde el "divide y vencerás": los gremios empresariales y los medios de comunicación urgen al Gobierno arrodillarse frente a la empresa foránea; otros, en su desconfianza frente a los manejos del Gobierno, opinan que todo se trata de una pedidera de coima de algún funcionario y por ello se mantienen neutrales en el conflicto; algunos ecologistas levantan el programa máximo y exigen el final de cualquier forma de minería sin tomar posición frente al problema concreto; a los sindicatos de trabajadores, como es de esperarse, les preocupan centralmente sus empleos y salarios.

Sin duda, la ciudadanía panameña debe decidir democráticamente qué hacer con Minera Panamá en particular, y con la minería como actividad económica, en general. Debe haber un debate, que no ha existido hasta hoy, respecto a lo que el país debe hacer a este respecto: prohibir la actividad minera de manera absoluta; prohibir solo la minería “a cielo abierto”; practicar otras formas de minería menos malignas para el ambiente; mantener la mina actual administrada por otra empresa; mantener el acuerdo con First Quantum pero en mejores condiciones; y, ante todo, tenemos la responsabilidad de aclarar cuál será el futuro de los miles de trabajadores de la empresa actual.

Que Panamá decida democráticamente qué hacer es una necesidad que debemos exigir. Pero una precondición para que la nación decida democráticamente el futuro de la actividad minera es sacar del Istmo a la empresa First Quantum Minerals. Para poder decidir, hay que hacerlo soberanamente, es decir, el Estado panameño debe tomar posesión de las instalaciones de Minera Panamá y sacar a los gerentes canadienses. Hay que nacionalizar la empresa, como se ha hecho en muchos países de América Latina.

Solo con una empresa en manos del país podremos decidir el futuro de la minería democrática y soberanamente, a la vez que aseguramos los empleos de los trabajadores y trabajadoras de Minera Panamá.