Es la hora de los Acuerdos

Ahora que comenzó oficialmente la campaña para ocupar la Presidencia de la República y demás puestos de elección popular, es la hora de que los candidatos dirijan la mirada hacia los Acuerdos del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas y se comprometan con el mandato ciudadano expresado en más de 186 mil propuestas que se consolidaron en 1300 acuerdos regionales y 187 acuerdos nacionales.

No puede ser de otro modo, pues nuestra democracia está muy fatigada, nuestras instituciones deslegitimadas, y la población irritada y hastiada de no encontrar en el desempeño de las autoridades la respuesta que necesita, y manifestó de manera espontánea, diáfana y esperanzada en esos Acuerdos.

La ciudadanía espera que nuestro colectivo político, así como el sector privado, los medios de comunicación y todas las organizaciones de la sociedad civil no se hayan olvidado de los Acuerdos. Allí están escritas _sin presión alguna, salvo la necesidad imperante_ las incomodidades, voces y propuestas ciudadanas, expresadas con gran fuerza histórica; lo que obliga a los candidatos _ comprometidos con hacer realidad el país anhelado por la mayoría_ a incorporar en sus propuestas las acciones que hagan falta para cumplir con la promesa de hacer vinculantes los acuerdos alcanzados por la población.

En ese sentido le dedico el resto de esta glosa a ofrecer un repaso sobre los objetivos a los que apuntan los acuerdos. Lógicamente que no me da el espacio para entrar en detalle de todos los 187 acuerdos, así que me limitaré a destacar el objetivo principal de cada uno de los once asuntos abordados por la ciudadanía, invitándolos a la lectura completa del informe final disponible en: https://decide.agoraparticipa.org/.

Para comenzar subrayo los acuerdos que apuntan al fortalecimiento de la institucionalidad pública para garantizar de manera oportuna, justa y eficaz la Justicia y los derechos, tanto individuales como colectivos, de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, así como la modernización del Estado para una mejor provisión de servicios, especialmente la garantía de seguridad ciudadana.

Igual consideración mereció el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado que garantice la provisión de los servicios básicos de electricidad, transporte y tratamiento de residuos; estimule el crecimiento económico y facilite el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes, para la obtención de empleos de calidad. Especial relevancia tendrá asegurar educación de calidad a los grupos y territorios más marginados y, asegurar mayores estándares y formalidad a la carrera docente.

Como era de esperarse, la ciudadanía reclama la provisión y el tratamiento del agua potable, para el consumo y para la agricultura, asegurando equidad e igualdad en el acceso, promoviendo la responsabilidad ciudadana, a través de una cultura en el uso y cuidado del agua y un rol más efectivo del Estado, mediante nuevos marcos legales y nueva institucionalidad. Íntimamente vinculados están los acuerdos que promueven el fortalecimiento de las capacidades de negocio y productividad de los pequeños productores agrícolas —especialmente mediante capacitación técnica y acceso expedito y equitativo a los mercados—, en asegurar la provisión de alimentos a la población y en el cuidado del medioambiente, especialmente del recurso agua. Por su parte, los acuerdos para la protección del ambiente proponen aumentar los niveles de conciencia y compromiso de la ciudadanía, la coordinación de las instituciones responsables, la adecuación de los marcos legales y mayores recursos para el cuidado del patrimonio forestal del país.

No menos importante es la necesidad de avanzar hacia la transformación del sistema de salud para alcanzar una cobertura universal, con el fin de que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a servicios de salud integrales y garantizados a lo largo de toda su vida, con calidad y sin dificultades financieras. Y en ese contexto, la necesidad de asegurar, mediante la acción del Estado, la provisión de la infraestructura necesaria para la calidad de vida familiar comunitaria, como parques, recintos deportivos y culturales; subrayándose la necesidad de hacer del deporte una actividad central en la vida de los ciudadanos, que debe ser practicada en condiciones de equidad, asegurando su ejercicio a través del derecho, de una institucionalidad eficaz y de un plan nacional de deportes. También se exige que esa infraestructura debe estar equitativamente distribuida y ser medioambientalmente sostenible.

Finalmente, pero tan sustanciales como los anteriores, son las propuestas que buscan promover la inclusión, creando conciencia sobre los derechos ciudadanos que amparan a las minorías. En la medida en que la personas los conozcan, sabrán respetarlos e incluirlos en el quehacer nacional. La inclusión de los grupos minoritarios en la vida nacional en igualdad de condiciones es necesaria para lograr el desarrollo pleno del país. En ese sentido también se persigue la valoración de los bienes culturales como aporte a la ciudadanía, a la integración social y al desarrollo económico. Para ello se demanda la difusión de valores culturales y el incentivo a la creación, a través de políticas eficaces basadas en la participación ciudadana.

Ya la ciudadanía expresó su mandato. Ahora tienen la palabra los aspirantes a puestos de elección popular. Esperamos que llenen nuestras expectativas.