Adquisición de vacunas y medicamentos: es la hora de la ciencia

Luego de casi nueve meses de estar enfrentando la epidemia de COVID-19 en el territorio nacional, desarrollando intervenciones no farmacológicas destinadas, primero a mitigar la propagación del virus, y actualmente a revertir el crecimiento epidémico; comienza a vislumbrarse en el horizonte la posibilidad de mejores tratamientos y vacunas efectivas contra la enfermedad.

En esta nueva etapa de la lucha contra el virus, los panameños hemos reforzado las intervenciones de salud pública y estamos reservando los recursos financieros suficientes para la adquisición oportuna de esos fármacos, lo cual es necesario y nos obliga a estar vigilantes de invertir nuestros limitados recursos en las mejores opciones farmacológicas, teniendo mucho cuidado de analizar, basados en la ciencia y la lógica, las ofertas elaboradas con palabras agradables y convincentes por parte de los interesados en colocar determinado producto, sin que su efectividad haya sido validada por suficientes argumentos indiscutibles.

En ese sentido, para que conozcamos lo que está ocurriendo en otras latitudes, y no nos ocurra en nuestro terruño, consideré pertinente compartir con ustedes un resumen del reciente editorial de la prestigiosa revista BMJ, titulada en inglés “COVID-19: politicisation, corruption, and suppression of science”, en la cual los autores hacen un llamado de alerta, señalando que, “la ciencia está siendo suprimida para obtener beneficios políticos y económicos”. Refiriéndose principalmente al Reino Unido, subrayan que, COVID-19 ha desatado la corrupción estatal a gran escala y es perjudicial para la salud pública. Los políticos y la industria son responsables de esta malversación oportunista. También lo son los científicos y los expertos en salud. La pandemia ha revelado cómo se puede manipular el complejo médico-político en una emergencia, un momento en el que es aún más importante salvaguardar la ciencia.

Agregan que, esta represión de la ciencia se hace supuestamente, por el interés público, para acelerar la disponibilidad de diagnósticos y tratamientos. Se hace para apoyar la innovación, para llevar productos al mercado a una velocidad sin precedentes. Aunque ambas razones son en parte plausibles; los autores nos recuerdan que, los mayores engaños se basan en un grano de verdad. Pero el comportamiento subyacente es preocupante.

El artículo proporciona varios ejemplos de la supresión de la ciencia o los científicos, los cuales incluyen, entre otros: el bloqueo de publicaciones que vayan contra las políticas gubernamentales; la compra de medicamentos sin eficacia demostrada; adquisición de pruebas de laboratorio que están muy por debajo de las afirmaciones de rendimiento hechas por sus fabricantes.

De acuerdo con el editorial del BMJ, la respuesta a la pandemia del Reino Unido depende demasiado de los científicos y otras personas designadas por el Gobierno con intereses en competencia preocupantes, incluidas las participaciones en empresas que fabrican pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Estas personas podrían ignorar o seleccionar la ciencia, y participar en prácticas anticompetitivas que favorecen sus propios productos y los de amigos y asociados.

En ese contexto, es obligatorio preguntarnos ¿cómo se puede proteger la ciencia en estos tiempos excepcionales? Los autores proponen como primer paso, la divulgación completa de los intereses en competencia del Gobierno, los políticos, los asesores científicos y las personas designadas, como los jefes de pruebas y rastreo, la obtención de pruebas de diagnóstico y la entrega de vacunas. El siguiente paso es la transparencia total sobre los sistemas de toma de decisiones, los procesos y saber quién es responsable de qué.

Una vez que la transparencia y la rendición de cuentas se establezcan como normas, las personas empleadas por el Gobierno idealmente solo deberían trabajar en áreas no relacionadas con sus intereses en competencia. Una buena práctica mínima es que las personas con intereses en competencia no deben participar en las decisiones sobre productos y políticas en las que tienen un interés financiero. Los Gobiernos y la industria también deben dejar de anunciar políticas científicas críticas mediante comunicados de prensa. La publicación clara, abierta y anticipada de la base científica para políticas, adquisiciones y medicamentos maravillosos debe ser requisito fundamental.

Para finalizar, el artículo subraya que, la ciencia es un bien público. No es necesario seguirlo a ciegas, pero sí se debe considerar de manera justa. Es importante destacar que la supresión de los argumentos científicos, ya sea seleccionando investigaciones favorables o amordazando a los científicos, es un peligro para la salud pública, ya que causa muertes al exponer a las personas a intervenciones inseguras o ineficaces y evitar que se beneficien de otras mejores.

Por mi parte, considero que las intervenciones que llevamos a cabo para controlar la epidemia tienen suficiente fundamento científico. A nivel comunitario hemos intensificado la masificación de las pruebas de laboratorio para detectar la COVID-19, así como el efectivo rastreo, aislamiento de casos y cuarentena de contactos, aunque debemos mejorar la estrategia de comunicación para sumar a todos. A nivel de cuidados hospitalarios seguimos la mayoría de las recomendaciones internacionales, aunque existe un tema que genera disenso y está pendiente de un estudio nacional que cierre el debate. Estoy seguro de que prevalecerá el razonamiento científico a la hora de adquirir nuevas herramientas en esta lucha.