De antenas y pirámides

Somos un país extraordinario. Gobernantes y estadísticas dicen que somos la envidia del continente, debido al portentoso crecimiento de una economía que prospera, no tanto por el auge de la economía mundial, sino por las sabias medidas del gobierno nacional en los últimos cuatro años. Pero paralelamente parece que no podemos librarnos del ancla del subdesarrollo mental cuando se permite que, en nuestras propias narices y sin control de autoridad alguna, se instalen en cualquier patio de vecino antenas potencialmente nocivas para la salud; o se tolere que, con promesas de una pingüe ganancia a corto plazo, se engatuse al público incauto y se le quite su dinero a quien más lo necesita. Ninguna autoridad sabe nada de nada; quedamos a merced de la ley de la selva, pudiendo perder dinero y salud.

El problema de las antenas de celulares, como traído de épocas antediluvianas, nace de las dos concesiones otorgadas por el Estado a sendas empresas extranjeras para que exploten el negocio de la telefonía celular y compitan con las que actualmente prestan el servicio. Pero la vigencia de las nuevas concesiones depende de que antes de finales del presente año cumplan con tener la capacidad instalada que permita brindar el servicio telefónico concesionado. La carrera contra reloj, en consecuencia, es desaforada, porque pueden perder la concesión que les ha costado sumas millonarias.

En una reciente reunión convocada por residentes afectados de la barriada de Miraflores, se conoció que ninguna autoridad oficial se responsabiliza por regular esta actividad y cada una escurre el bulto. La Autoridad de Servicios Públicos sólo otorga los permisos para colocar antenas, pero debe fiscalizar que la potencia de las radiaciones no ionizantes de las antenas no excedan los márgenes permitidos internacionalmente para evitar daños irreversibles a la salud; la Oficina de Ingeniería Municipal otorga permisos de instalación de las infraestructuras, pero no exige las distancias requeridas; el Cuerpo de Bomberos debe opinar sobre medidas de seguridad; y lo más importante, el Ministerio de Salud debe garantizar que no peligre la salud de los vecinos, como se sospecha en otros países.

El libertinaje que genera la descoordinación oficial deja a las comunidades a merced de empresas interesadas únicamente en el lucro producido por su actividad, derivando ya en enfrentamientos físicos y heridos entre moradores que ven sus derechos arbitrariamente irrespetados.

El caso de las pirámides fantasmagóricas es igualmente patético. Una empresa toma dinero del público; le expide una tarjeta y dos promesas: que con esa tarjeta puede adquirir bienes y servicios con descuentos en el comercio local y que al cabo de poco tiempo recibirá una jugosa ganancia por el dinero que ha “invertido”. Esa actividad, que pone en riesgo la estabilidad financiera de los ingenuos, no está regulada por ninguna entidad panameña. Como la Superintendencia de Bancos, la Autoridad de Protección del Consumidor y la Comisión Nacional de Valores dicen no tener competencia para impedir esta actividad, no existe freno para proteger a incautos.

No se justifica tanta dejadez de autoridades obligadas, por un lado, a permitir la participación ciudadana en asuntos que afecten sus derechos y, por otro, a protegernos de falsos inversionistas.

-La autora es diputada de la República por el nuevo Circuito 8-7.mireyalasso@yahoo.com