Bocas del Toro violentado

La situación que vive el país es grave, la crisis enfrenta el Estado de derecho-DD.HH. y la acción de un Estado tutelado por un Gobierno arbitrario y violador de estos derechos. Estamos frente a un Estado fallido, donde la institucionalidad y las normas no funcionan.

El día 20 de junio, el gobierno de Mulino levanto las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro. Las restricciones han sido extendidas hasta el domingo 29 de junio, ahora dicen que se “exceptúa de la norma el artículo 23 de la Constitución”, referente al derecho de habeas corpus de la suspensión de garantías, dada la flagrante violación de derechos humanos, observación que hicieran organismos internacionales y que la Defensoría del Pueblo no ve.

En Bocas se puso en ejecución un patrón de uso ilegítimo de la fuerza por parte de las llamadas fuerzas de seguridad: arrestan, golpean, torturan y disparan contra manifestantes que no están armados. Penetran en las viviendas ejerciendo violencia física y psicológica contra sus habitantes, sin importar que hay menores y adultos mayores.

Prácticamente, todas las víctimas conocidas están sufriendo la negación de garantías básicas de debido proceso. Todos los detenidos permanecieron incomunicados, se les negó el acceso a abogados, familiares y todo tipo de ayuda. La mayoría de los detenidos fueron arrestados en allanamientos ilegales en sus casas y trasladados en avión a la ciudad de David-Chiriquí, semidesnudos, descalzos. Se reportó un asesinado por la policía en Pueblo Nuevo-Chiriquí Grande, también el fallecimiento de un menor de menos de dos años ante el uso indiscriminado de gases lacrimógenos cerca de albergues de menores.

Aunado a ello, la provincia de Bocas del Toro está incomunicada por decisión del Gobierno que corta comunicación vía celular e internet y el sistema de Starlink. Pretendieron ocultar los vejámenes contra la población.

El monto del estado de guerra declarado por el Gobierno al pueblo en Bocas del Toro se inició en 10 millones de dólares, ahora se incrementó a 40 millones de dólares. Para esto sí hay “chenchén”. En Panamá constitucionalmente se establece que no hay ejército, pero el director de la Policía Nacional y el ministro de Seguridad declaran la guerra al pueblo humilde y trabajador.

Por otro lado, como dice el dicho “las mentiras tienen patas cortas”. Estadísticas oficiales del Ministerio Público establecían que en lo que va del año se reportaba 1 muerto en Bocas del Toro y 0 en la comarca de 229 casos al nivel nacional, pero de repente según la Policía Nacional en Bocas del Toro aparecen tres peligrosas pandillas, más de 304 presos tratados como los peores criminales, a muchos de los cuales se desconoce su paradero. Estas cifras evidencian el accionar de un gobierno mitómano, que miente y manipula de forma obsesiva y constante, hasta el punto de llegar a creerse sus propias mentiras.

Finalmente, seguimos denunciando la inacción del “defensor del Pueblo” frente al atropello y grave violación a cientos de panameños en Bocas del Toro, a pesar de la abundante información (videos, testimonios, referencias documentales, etc.) que evidencian los graves abusos a los derechos humanos. Preguntamos al defensor del Pueblo ¿por qué no hay presencia de personal de la Defensoría del Pueblo, al menos dentro de Changuinola centro y fincas adyacentes? Mientras usted no actúa, equipos de monitoreo internacional de derechos humanos continúan realizando misión en la zona. ¿Usted desconoce sus funciones? De ser así, eso no lo exime de responsabilidad. Para su información, su función es “velar por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos de la administración pública y promover la cultura de derechos humanos” (artículo 129 de la Constitución Política, reglamentado en la Ley 7 de 1997). Su conducta contradice no solo la Constitución, sino también tratados internacionales firmados y ratificados por Panamá, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señor Eduardo Leblanc, recuerde, “la omisión también es una forma de violencia”, tal como dijera el licenciado Antonio Vargas De León.