Cálculos cuestionables

Aun año del nuevo gobierno se acostumbra hacer las evaluaciones. Yo creo que mejor cabe la reflexión. Debemos ser conscientes de que la crítica por criticar al gobierno no conduce a nada positivo. En el juego y rejuego de la llamada democracia nos toca vivir con las decisiones de la mayoría. El gobierno ganó con el 61% de los votos escrutados en mayo del año pasado y, según las encuestas publicadas mensualmente, la figura del presidente Ricardo Martinelli goza de un apoyo mayor a lo marcado hace doce meses.

Soy un convencido de que cada grupo político asume el liderazgo de la Nación con principios e intenciones de zanjar la mayoría de los problemas que enunciaron en sus planes de gobierno. Sin embargo, la realidad es concreta y existen casos difíciles; incontrolables problemas que involucran cambios sociales profundos, que serán complicados de resolver por más específicos que sean formulados los planes para remediarlos. Es más, existen casos concretos que requieren de cambios de conducta en algunos o todos los estratos de la población. Seguridad, educación y salud son los retos más críticos que amenazan el desarrollo social de la nación.

Para mí se trata de elevar el nivel de vida de todos los panameños. De preservar un entorno digno y saludable. De garantizar comida, servicios médicos preventivos y una educación justa para que todos tengan oportunidades de crecimiento social, económico, cultural e intelectual.

No hay plan de gobierno que pueda resolver las amenazas culturales que estamos viviendo. El problema fundamental es la descalificación de los derechos colectivos. Convivimos en una sociedad individualista y poco solidaria. El antídoto social para contrarrestar esta conducta destructiva es un cambio cultural que debe comenzar en las aulas educativas que sufren por las pobres condiciones físicas y por los retos de perfeccionamiento que enfrentan los educadores ante la necesidad de formar a las nuevas generaciones.

Los cuestionamientos y rechazos en la ciudadanía que ha provocado la recién sancionada ley 9 en 1 marcan el reto más significativo del gobierno en sus primeros 12 meses. Y creo que se equivoca en pensar que ya la ley pasó, se aprobó y a otra cosa. No es tan fácil y puede ser motivo de cuidado en pensar que la ciudadanía no lo tomará en cuenta a la hora de confirmar su apoyo. Los cálculos pueden ser equivocados.

Muchos colegas han discutido educada y sensatamente los puntos en cuestionamiento. Igual me preocupa la forma en que se presentaron para su aprobación en la Asamblea, pero, ante todo, el tema de la Policía y el tema ambiental me preocupan sobremanera. Son dos temas de seguridad, aunque muchos no lo enmarcan de esa manera.

Si los problemas de seguridad tenían que ver con la proliferación de armas y la violencia derivada de las mismas en el marco de otros delitos violentos, no podemos dejar de sentir pavor frente al hecho de que las fuerzas policiales, en ocasiones anteriores, han estado infiltradas por los grupos delincuenciales que operan a nivel internacional y nacional. Restar los mecanismos legales de control sobre el uso de la fuerza excesiva de los organismos del orden público puede muy bien crear un estado de incertidumbre altamente peligroso para gran parte de la sociedad, particularmente en los barrios humildes y pobres.

Por otro lado, el tema ambiental también es un asunto de seguridad nacional. Seguridad por el derecho a una vida saludable. El 2 de febrero de 2007 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) informó que ‘la Tierra se está calentando y este fenómeno se debe inequívocamente a la actividad humana’. Dos meses después, el IPCC emitió un informe más dramático en donde señalaba que los cambios climáticos y el calentamiento global ‘causarán más daños y {será} más rápido de lo que se preveía hasta ahora’. Su copresidente, Martin Parry, explicó que según los cálculos científicos: ‘el 30% de las especies conocidas se extinguirá. Ecosistemas como los corales, los polos, la tundra, los bosques boreales o los montes y las regiones mediterráneas se verán inevitablemente afectados, así como los océanos, los ecosistemas marinos en general y los recursos pesqueros. (...) los pobres serán sus principales víctimas’.

A tres años del informe del IPCC el gobierno panameño pasa esta ley, que nos llevará indudablemente por el peligroso camino de la inseguridad ambiental en nombre de un supuesto ‘desarrollo’ y para impulsarnos hacia el primer mundo. Las leyes modernas deben velar por el bienestar colectivo y la seguridad ciudadana. A los gobiernos les toca proteger a sus ciudadanos y esta ley nos aterra. No es de confiar. Deben garantizarle condiciones ambientales de supervivencia a esta y a las futuras generaciones, igual o mejor a la que heredamos nosotros.

*COMUNICADOR SOCIAL.