El carácter del Estado: contradicción en la megaminería

Recordábamos en una conferencia que ofrecí en estos días atrás, que pocos años antes y algunos posteriores a 1980, había posiciones paralelas frente a la eventual explotación de la megamina -minería de gran escala- de cerro Colorado en lo que era aún parte del este de la provincia de Chiriquí, hoy Comarca Ngäbe-Buglé. Y este desacuerdo era notorio, no solo entre opositores al Gobierno de entonces, sino entre las poblaciones indígenas de esa región.

No había una fundamentación unitaria entre los sectores que adversaban la idea de ese proyecto en fase de exploración, ya que los pueblos originarios temían perder parte importante de las tierras adjudicables a la empresa minera, que luego se incluyeron dentro de la actual comarca indígena. Esta reivindicación, era parte de una contradicción que exigía mayor urgencia atenderla: la creación de su comarca. La misma fue apoyada por una Iglesia católica regional, verdaderamente comprometida en aquellos años con los intereses de los “más pobres entre los pobres”.

Así, frente a la actividad extractivista propiamente dicha, su oposición estaba relativizada y hasta cierto punto dividida por el hecho de que varios cientos de trabajadores güaymíes obtenían ingresos ocho y diez veces por encima de lo que le pagaban los grandes latifundistas de Chiriquí oriente y las fincas cafetaleras de tierras altas. Este pueblo Ngäbe, sabía reconocer esa diferencia en su favor, en un contexto económico-social de extrema pobreza.

Había otra oposición, con carácter distinto, el de movimientos “ecologistas”, integrado por capas medias que ya asomaban su activismo conservacionista, basado principalmente en las desalentadoras experiencias internacionales de explotaciones megamineras. Finalmente, la oposición de los latifundistas y grandes productores agrícolas chiricanos, que se arropaban con las sábanas de estos bien intencionados conservacionistas.

Su interés no era el ambiente ni el pueblo Ngäbe; más bien, gravitaba en el hecho de que ya no podían competir en el mercado de trabajo con los salarios de la mina. Los jornaleros, que se veían forzados a ser explotados por tres dólares el día por esos poseedores de capital económico agrario, preferían esperar su turno para laborar formalmente en cerro Colorado.

Como diría el sociólogo Pierre Bourdieu, su estrategia de oposición para preservar su capital económico giró en torno al acceso al capital simbólico con el que contaban la Iglesia católica regional y los grupos conservacionistas. Al final, la baja del precio del cobre desalentó este proyecto.

El mismo es retomado en una de las administraciones gubernamentales de mayor entrega de nuestra soberanía sobre las riquezas nacionales, a saber, la del presidente Martinelli y su ministro Mulino. Aquí, la oposición de los indígenas guardaba sensatez de cara a intereses vinculados a su derecho a la vida y salud.

Se trataba de que la tecnología a emplear por la probable empresa que explotaría la mina contaminaría las principales fuentes de agua del sur y sureste de la comarca, que ya para estos tiempos estaba constituida. Su reivindicación era la defensa del agua y el suelo, potencialmente afectados por la explotación minera, no un “no porque no” a la mina.

He aquí donde entra en el paquete el Estado. El mismo está caracterizado por su composición social, liderizado por agentes sociales sin capacidad ni voluntad para garantizar que una actividad como la megaminería, particularmente metálica, resulte de beneficio para la población influida por esta y en adición, no deprede el ambiente, abonando al cambio climático.

Es decir, no se trata de no intervenir sobre recursos que pueden aportar al desarrollo económico y social de la población panameña, en aras de una hipócrita conservación de la naturaleza, como fue el caso de los latifundistas del oriente chiricano y grandes productores de tierras altas frente a cerro Colorado. Se trata de que, luego -y no antes- de un examen crítico de las condiciones en las que puede ser perjudicial o no un proyecto extractivo, para el ambiente, la población y el conjunto del país, se tome la decisión correcta. Tampoco se trata de hacer simulaciones de condiciones gubernamentales que se les ponen a las empresas, que el Estado no está en capacidad alguna de hacer cumplir.

Ergo, el carácter actual del Estado, en tanto servidor de las élites, plantea una contradicción clave que dificulta deliberar sobre las conveniencias tecnoeconómicas y ambientales de un proyecto megaminero. Habrá que modificar el Estado -refundarlo- para entonces hablar de desarrollar o no este tipo de actividades, no cabe el “No por el no”.