Demasiados casinos y máquinas tragamonedas

S egún datos oficiales, existen en Panamá 16 salas de casinos completos y 26 salas de máquinas tragamonedas tipo A, aparte de salas de bingo, agencias y otras actividades generadoras de apuestas, como el hipódromo y la Lotería Nacional.

Con excepción de la Lotería, manejada directamente por el gobierno, todos los juegos de suerte y azar y apuestas están concesionados a 14 empresas privadas. Sólo en tres provincias —Bocas del Toro, Darién y Los Santos— no existen casinos completos y solo en dos —Los Santos y Darién— no existen máquinas tragamonedas. Tampoco en las comarcas indígenas existen lugares concesionados o administrados por el gobierno para estas actividades.

De acuerdo a la Junta de Control de Juegos —JCJ—, el año pasado el total de las apuestas fue B/s.1,300 millones. Esa suma produjo un ingreso bruto de B/s.303 millones a la JCJ, y un aporte neto de B/s.49.5 millones al Estado.

Esos son hechos concretos que merecen algún análisis y reflexión por parte no solo del gobierno nacional sino —y quizás más importante— de la sociedad civil.

Se aduce con insistencia que los juegos de suerte y azar son un atractivo para el turismo internacional. De allí que solo se puedan autorizar casinos completos en hoteles que satisfagan estándares internacionales de lujo, con un mínimo de 300 habitaciones, restaurantes, piscinas, servicio 24 horas de habitación, etc.; y que, por su lado, las máquinas tragamonedas tipo A sólo pueden ser autorizadas en áreas ubicadas dentro de proyectos turísticos debidamente aprobados.

Ciudades universalmente reconocidas como centros de juegos y apuestas —como Las Vegas, apodada ‘La Ciudad del Pecado’— atraen hoy millones de turistas nacionales y extranjeros; ofrecen la posibilidad del juego con el complemento de espectáculos artísticos y musicales con cantantes, bailarines, magos y circos del más alto nivel. Pero también, prostitución y alcoholismo; como también nos reporta la historia de La Habana que, a mediados del siglo pasado —conocida entonces como ‘La Gomorra de las Antillas’— se conoció como capital del juego con imponentes hoteles, suntuosos casinos y elegantes cabarets. Ambas ciudades comparten una característica histórica: casinos administrados por figuras mafiosas, como Santo Traficante, Meyer Lanski, Lucky Luciano y Bugsy Siegel, que en su época las convirtieron en centros degradantes de fama mundial.

Sin ir muy lejos, hace escasamente un mes se discute en la ciudad de Miami la conveniencia o no de aprobar la construcción de un mega casino de US$3,000 millones, que incluiría cuatro hoteles con 5,000 habitaciones, 50 restaurantes, 60 tiendas exclusivas y 1,000 apartamentos de lujo, que abrirían 30,000 plazas de empleos permanentes. Se plantea el debate sobre lo apropiado de utilizar esta actividad para atraer jugadores adinerados de Latinoamérica y Europa, poniendo en peligro la imagen de una ciudad que alberga un centro bancario respetable y que es sede de reconocidas empresas multinacionales, de óptimos servicios de salud y de educación superior de calidad. Un reputado comentarista plantea el dilema: ‘La batalla por el alma de Miami ha comenzado’.

Con la proliferación de casinos y tragamonedas en nuestro país, ¿es posible una batalla similar o lo dejamos al arbitrio exclusivo de la JCJ? ¿Qué sentido tiene autorizar tragamonedas en sectores evidentemente fuera del turismo internacional, como el CC La Doña en la 24 de Diciembre, ex Casa Miller en Calidonia, La Gran Estación en San Miguelito, CC Vista Alegre en Arraiján, CC La Dorada en Pe nonomé, Galería Salomón en Santiago, CC Los Pueblos en Panamá, Calle Julio Burgos en Chitré? Allí acude el panameño en la esperanza de mejorar su magro ingreso familiar o movido por el incontenible impulso de la ludopatía. ¿Hasta cuándo?

EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.