Las lecciones educativas de Chile

EDUCADOR.

‘ En Chile se ha destapado una olla a presión que viene de muchos años comprimida’. Con esta expresión Camila Vallejo, líder del movimiento estudiantil chileno, definió la movilización nacional, que durante más de tres meses paralizó a este hermano país, con huelgas, manifestaciones y ocupaciones de colegios, que han despertado una conciencia ciudadana dormida y puesto en jaque a su gobierno. Reconocido como uno de los modelos económicos más exitoso de América Latina, Chile ocupa, desde hace al menos tres lustros, los más altos índices de productividad, crecimiento económico, inversión en I+D, apertura de sus mercados y calidad de vida de su población. Igualmente, ha mostrado un elevado nivel de respeto por la institucionalidad, la transparencia, la democracia, el control del delito y la violencia.

Su modelo de reforma educativa, con un sistema altamente descentralizado a escala municipal, con una participación significativa del sector privado y el autofinanciamiento por parte de las familias y los propios usuarios, atrajo la atención de diversos países por imitarlo. Muchos representantes empresariales, políticos y gubernamentales en Panamá, con frecuencia han apelado al ejemplo de esta reforma, para indicar el camino que debíamos seguir, con la finalidad de lograr los cambios largamente esperados que aseguren equidad, eficiencia y calidad de la educación.

En palabras de la propia dirigente estudiantil Vallejos, ‘Hoy en día en Chile existe un modelo económico, que genera que no solo la educación, sino que también otros derechos básicos del ser humano, sean puestos en manos, sencillamente, del mercado. Nosotros lo que hemos denunciado hoy día, es que el modelo de educación de este país ha seguido, se ha profundizado, que se ha materializado en un modelo que no satisface al pueblo chileno, sobre todo porque es un modelo discriminador, es un modelo que segrega a los estudiantes más pobres, es un modelo que no permite la equidad, y mucho menos la calidad de la educación’.

En los 21 puntos que constituyen el pliego de aspiraciones de los estudiantes, se identifican la demanda de un cambio constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad, prohibir el lucro de las universidades, reducir la carga económica de la educación sobre las familias, incrementar el aporte económico basal a las universidades públicas, especialmente las estatales; aumentar el presupuesto destinado a la educación, pasar la educación básica y media, en manos de los municipios, a la administración central del Estado, entre otras.

A pesar de que el gobierno representado en el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, ha planteado que existe la disposición de transferir al Estado los colegios municipalizados, aumentar el financiamiento educativo y de vigilar el lucro en la educación universitaria privada, los estudiantes y grupos representativos de esa sociedad que respaldan el movimiento hacia una reforma integral y profunda del sistema, consideran que son insuficientes estas medidas ante la grave situación de desigualdad educativa acumulada.

Los hechos que producen la movilización estudiantil chilena, reflejan una de las expresiones del modelo económico y social de un país hasta ese momento próspero, estable y con una reconocida institucionalidad que, en gran parte, fue forjada por una educación históricamente reconocida por cultivar con esmero las capacidades humanas y productivas de su población. Panamá, tempranamente como República, abrevó de esa fuente de cultura y educación. Muchos profesionales panameños se forjaron en centros de estudios superiores de esta nación y educadores prestigiosos de Chile sirvieron con elevado profesionalismo en nuestros colegios y universidad. Tenemos una inmensa deuda de gratitud, casi impagable, con ese hermoso país.

La lección que nos ofrece Chile hoy, es necesario comprenderla y asimilarla. Una de sus enseñanzas es que la educación para todos, es el mejor igualador social que puede tener país alguno. Por tanto, como bien público, es una responsabilidad superior intransferible a otros agentes económicos y menos con fines de lucro. Le corresponde al Estado ser el garante de que toda la población tenga acceso al aprendizaje, desde el preescolar hasta la universidad, con la mayor calidad posible. Igualmente, que el Estado como ente regulador de las oportunidades educativas de la población, debe permitir a la familia ejercer la libre elección de las opciones educativas de sus hijos —estatales, privadas, mixtas— y crear los mecanismos aseguradores de la indispensable equidad con calidad. Esa acción supervisora del Estado para cumplir este derecho fundamental es, igualmente, insoslayable.

Por ello, la definición y aplicación de una política y criterios claros de aseguramiento de la calidad de todos los centros educativos, oficiales y particulares, básicos, medios y universitarios, es una precondición necesaria para el logro de aprendizajes relevantes. Así mismo, el incremento progresivo del financiamiento público y una asignación bien focalizada de esa inversión, para obtener los resultados deseados, representa una obligación que reclama el actual escenario histórico. Sin financiamiento público suficiente y bien dirigido, es imposible obtener educación de calidad como derecho humano y factor de desarrollo.

De este modo, el Estado al asegurar la provisión de servicios educativos accesibles a toda la población, debe garantizar que las condiciones financieras necesarias para estudiar, sean las que faciliten el acceso y la continuidad exitosa de toda la niñez, juventud y persona adulta, principalmente, de los grupos más pobres y excluidos de la sociedad.

Aprender del entorno educativo internacional, siempre es aconsejable. Sin embargo, en el momento de actuar, se debe hacer en correspondencia con los supremos valores de la sociedad y cultura panameñas.