Este martes 18 de marzo se llevó a cabo el sepelio del cantante panameño de música urbana Chamaco.
El artista fue asesinado de varios impactos de bala...
La sentencia del 30 de abril de 2024 de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la prohibición de los cigarrillos electrónicos en Panamá, ha suscitado un debate significativo sobre los principios fundamentales del libre comercio, la libre competencia y la igualdad en el mercado. Según establece el propio fallo del alto tribunal, “la libre competencia se materializa cuando en el mercado concurren libremente, por un lado, consumidores cuyas decisiones de compra son tomadas libremente, sin intervención de fuerzas exógenas al mercado mismo, y con base en información suficiente sobre las características de los productos (citando a Merielin Almonte – Las restricciones a la competencia – 2022)”.
“En este sentido”, añadió la Corte Suprema de Justicia, “cualquier medida restrictiva para la comercialización de un producto (dispositivos electrónicos con o sin nicotina), que es análogo a otro producto (cigarrillos tradicionales), establecería un tratamiento ventajoso y distinto a un grupo definido de comerciantes, violentando así el derecho a la igualdad y a la libre competencia”. Este es un pasaje fundamental de dicha sentencia, pues el principio de libre comercio es un pilar del sistema económico global, al permitir que los bienes y servicios fluyan sin barreras innecesarias entre las fronteras nacionales.
Este principio se basa en la premisa de que la competencia sin restricciones promueve la eficiencia y la innovación, beneficiando tanto a consumidores como a productores. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido un defensor clave de este principio, como se refleja en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, que promueve la reducción de barreras comerciales y la no discriminación entre los miembros. La libre competencia, por otro lado, se refiere a la igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado, permitiendo que los consumidores elijan libremente entre una variedad de productos y servicios.
La sentencia panameña cita a Merielin Almonte, quien argumenta que la libre competencia se materializa cuando las decisiones de compra de los consumidores son libres y basadas en información suficiente.
En este contexto, la prohibición de los cigarrillos electrónicos favorece a los comerciantes de cigarrillos tradicionales sobre los de alternativas electrónicas, violando el principio de igualdad. Este principio implica que todos los actores económicos deben tener las mismas oportunidades en el mercado. La sentencia panameña resalta la importancia de adherirse a los principios de libre comercio, libre competencia e igualdad. Las restricciones comerciales deben ser evaluadas críticamente para asegurar que no favorezcan indebidamente a ciertos grupos sobre otros y que no violen los derechos fundamentales de igualdad y libre competencia.
La jurisprudencia internacional apoya esta visión, promoviendo un entorno comercial donde la innovación y la elección del consumidor prevalezcan sobre las barreras proteccionistas. También es importante resaltar el principio de neutralidad competitiva, que sugiere que el Estado no debe otorgar ventajas indebidas a sus propias empresas.
La neutralidad competitiva garantiza que todos los participantes en el mercado compitan en igualdad de condiciones, esencial para la libre competencia. Este principio, cada vez más reconocido en el derecho económico internacional, fomenta la competencia leal y previene distorsiones del mercado.
Por último, el enfoque de la OMC respecto del incumplimiento de sus normas también refleja el principio de utilizar las prohibiciones como último recurso. La organización respalda las medidas correctivas que restringen el comercio solo después de que se hayan considerado otras medidas y alienta a los países miembros a tratar de cumplirlas por medios de cooperación antes de aplicar sanciones comerciales, como bien pueden ser consideradas las prohibiciones.
En resumen, el enfoque establecido de la OMC advierte que el uso de prohibiciones debe hacerse solo como último recurso, abogando por la exploración de medidas alternativas que puedan abordar la cuestión en cuestión sin recurrir a restricciones comerciales que podrían tener efectos negativos más amplios en el comercio internacional y el bienestar económico.