Compromiso permanente

El derecho a la alimentación fue reconocido al amparo del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, así como del artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, instrumentos acogidos por la República de Panamá.

Informes provenientes del Banco Mundial destacan que cerca de 1.4 billones de personas viven en la línea de pobreza o por debajo de ella, superando las 984 millones estimadas en el 2004, y que coexisten con cerca de un balboa (un dólar) al día, revelando que para un alto porcentaje de la población mundial no se ve concretado este derecho. Aunado a lo anterior, la coyuntura excepcional ante la especulación y distorsión originadas por el alza en el precio del petróleo y sus derivados, ha llevado a niveles impensables el costo de la canasta básica de alimentos, constituyéndose en una eventual amenaza real a la seguridad y estabilidad democrática y en un serio obstáculo a los esfuerzos mundiales emprendidos para la reducción del hambre y la pobreza.

Por ello, las Directrices Voluntarias (Democracia, buena gestión pública, respeto a los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otras) aprobadas por la FAO en noviembre de 2004, conciertan un valioso conjunto de principios rectores que garantizan este derecho y permitan la formulación de las correspondientes Políticas Públicas.

En Panamá, impulsado por la Defensoría del Pueblo y apoyada por la Procuraduría de la Administración, el 16 de octubre de 2007 se estableció el Comité de Alto Nivel que velará por este derecho, integrado igualmente por los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social y Economía y Finanzas; las Secretarías Nacional para el Plan Alimentario y Nutricional (SENAPAN) y el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos hizo suya esta inquietud cuando “manifestó su preocupación por el estado de goce y disfrute de los derechos humanos, concretamente el acceso a la alimentación, recordando a los Gobiernos de la Región, la obligación de garantizar progresivamente el mismo...”.

Datos de la FAO en el 2007 muestran que la incidencia de subnutrición en Panamá alcanzó al 25% de la población, significando esto que un alto número de nuestros compatriotas no ingiere la suficiente cantidad de calorías diarias para su subsistencia.

De allí, que disminuir el hambre a la mitad en el año 2015, objetivo de la Cumbre del Milenio, es, sin duda, actualmente Política de Estado, manifestada en la responsabilidad asumida en el 2007 por el primer mandatario de la Nación con la rúbrica de la “Declaración Nacional de Panamá para la realización progresiva del Derecho a la Alimentación”, y que, unida a la pronta concreción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2015, permiten vislumbrar esperanzadores resultados.

Este compromiso permanente invita, y así anhelamos, a que en el desarrollo de la campaña electoral los candidatos en cada una las posiciones a las que aspiren, hagan propio el deber de ver cumplido este derecho humano.