Con paso firme, pero, ¿hacia dónde?

De tiempo en tiempo, ocurre que se adopten o repitan lemas o eslogan de campaña, con los que sus autores o patrocinadores consideran que aumentan las posibilidades de alcanzar el gobierno o que una vez alcanzado les servirán de carta de presentación para transmitir fuerza o eficacia a sus decisiones.

El gobierno anterior, cuando hacía campaña adoptó el lema “Uniendo fuerzas” y cuando gobernó para denominar su “Plan de Gobierno”, que consistía de varias propuestas-metas, entre las que, como se recordará, se situaba a la educación como la estrella más brillante.

Como en todos los ejercicios democráticos, es al pueblo, el único facultado para otorgar el mandato para gobernar, al que le corresponde emitir el veredicto o el juicio final de aprobación o desaprobación con el que juzga, cuando vuelve a votar, si los mandatarios han honrado sus promesas electorales. Con respecto al gobierno anterior, ese veredicto quedó patente en los resultados electorales del pasado 5 de mayo.

El gobierno actual, desde su instalación, adoptó como lema motor de su gestión “Con paso firme”, que ahora después de 10 meses de gestión, examinada retrospectivamente su andadura, pero sobre todo sus proyecciones públicas, ejemplarizada en casos específicos como: 1.) el manejo del Presupuesto, tanto en la etapa de revisión del que le correspondió ejecutar para el segundo semestre del 2024 como en la elaboración del vigente del 2025, 2.) las reformas de la seguridad social, 3.) las relaciones exteriores y más específicamente los desaciertos para desvelar y explicar los acuerdos que ha pactado o 4.) la falta de transparencia en el asunto minero, solo puede entenderse como una abierta intención de imponer una agenda preconcebida.

Gobernar es ante todo concertar, que significa que las decisiones gubernamentales deben responder a las aspiraciones de la mayoría de la nación. En otras palabras, gobernar no es imponer, sino un diálogo permanente para alcanzar los mejores acuerdos entre todas las fuerzas vivas de la nación.

En sus inicios, el nuevo gobierno habló de entendimientos y voluntad abierta para buscarlos, pero sus acciones han demostrado que su talante está muy lejos de esas declaraciones y demuestran que su interpretación de los resultados de las elecciones del 5 de mayo no se compadece con el mensaje del electorado que, si bien fue un mandato legalmente legitimado para gobernar, también destacó la precaria representatividad del nuevo gobierno.

En los comicios de mayo, por haber recibido “el mayor número de votos”, porcentualmente el 34,5 % de los votos válidos, el actual mandatario ganó el derecho a gobernar; aunque su representatividad real solo equivalía al 27 o 28 % del electorado.

Esa específica circunstancia le imponía, como primera y urgente necesidad, ampliar su piso político, es decir, consolidar mayores niveles de apoyo popular. Los hechos y sus conductas, y especialmente sus reacciones a las críticas de sus decisiones son, precisamente, prueba de que nunca tuvo esa intención.

Las reacciones a las desafortunadas e impropias manifestaciones presidenciales, secundadas de manera concertada y en términos poco prudentes por sus ministros, han sido las que cabía esperar. El pueblo que, como ha comprobado la historia, a la larga siempre termina por ser el juez final y el que impone los rumbos de las naciones, ha decidido manifestar su descontento, que podría aumentar hasta niveles impredecibles, si de parte de quienes gobiernan no se arrían algunas banderas izadas innecesariamente.